En el expediente por coacción, el fiscal firmó el requerimiento a juicio contra Janina Ortiz, también imputada en la causa "cooperativa fantasma". En la primera investigación, también se investiga el rol de dos exfuncionarias municipales afines a la exsecretaria de Gobierno.
Janina Ortiz, a un paso del juicio: qué pasó con sus colaboradoras imputadas
El viernes, el fiscal Juan Ticheli notificó el requerimiento de elevación a juicio contra la exsecretaria de Gobierno de Las Heras y suspendida diputada de La Unión Mendocina, Janina Ortiz, en el expediente por "coacción" en el que está imputada por amenazas coactivas. Sin embargo, no se incluyó a las otras dos imputadas en esta causa: las exfuncionarias municipales Patricia Alejandra Rivero y Dana Carolina Murúa, madre e hija, acusadas de coacción agravada por uso de arma de fuego.
Esta situación generó dudas acerca de la condición en la que ambas habían quedado: si aún se estaba recopilando pruebas en su contra, si se esperaban los resultados de algunas pericias o si directamente el fiscal había desestimado la acusación en contra de ellas.
Al respecto, fuentes judiciales confirmaron al Post que Rivero y Murúa no han sido apartadas de la causa y que no se pidió aún la elevación a juicio contra estas imputadas porque todavía no se han presentado a declarar. De hecho, han sido esquivas: Rivero pidió declarar dos veces el año pasado, pero no se presentó. En resumen, eventualmente se firmaría el requerimiento de elevación a juicio contra ellas.
Mientras tanto, con respecto al pedido de elevación de juicio contra Ortiz, de no haber oposición de la defensa la causa irá directamente a un tribunal colegiado y, si hay un pedido de los abogados de la esposa de Daniel Orozco, la decisión del Ministerio Público deberá ser ratificada por un juez de Garantías.
De qué se acusa a Ortiz, Rivero y Murúa
El fiscal consideró que hay pruebas suficientes para sostener que Ortiz obligó a una empleada municipal, a través de otra agente, a mantener relaciones sexuales con el entonces subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, para que lo hiciera hablar y grabara la conversación. Todo esto bajo la amenaza de que si no lo hacía, ambas mujeres perderían su trabajo en la Municipalidad de Las Heras.
En tanto, Rivero y Murúa habrían "negociado" la entrega del audio que las dos empleadas municipales habrían retenido. Y en una reunión en la casa de Rivero en abril de 2023, madre e hija habrían sacado un arma de un mueble, proyectiles, y habrían exigido a las denunciantes la entrega del material.
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En este expediente, el P-63.716/23, Ortiz está imputada por amenazas coactivas, un delito que prevé una condena de 2 a 4 años de prisión; en este punto, en caso de ser encontrada culpable, la exfuncionaria de Las Heras podría ir a la cárcel ya que la eventual sentencia podría superar los 3 años y esto implicaría prisión efectiva.
Esta es una de las dos imputaciones que pesan contra Ortiz, ya que también fue acusada, junto con su marido, de peculado en la causa "cooperativa fantasma", ambas a cargo del fiscal Ticheli en la fase de instrucción por una cuestión de "conexidad". Sobre esta última, días atrás se cayó parte de la coartada de la acusada: Ortiz declaró que le habían falsificado la firma en cuatro expedientes comprometedores, lo cual fue descartado por una perito caligráfica.
Tanto la causa "coacción" como la causa "cooperativa fantasma" surgieron a partir de una investigación del Post, publicada en junio de 2023, donde se daba cuenta de ambas situaciones: abuso de poder y una red de cooperativas sin actividad que servían a intereses de funcionarios y allegados.
Quién es quién en la causa "cooperativa fantasma"
La Fiscalía de Delitos Económicos centró la causa judicial sólo en una de las cooperativas mencionadas en el informe del Post: "Manos a la Obra". Durante la investigación, se detectó que a través de dos contrataciones directas y dos licitaciones le habían transferido de manera irregular cerca de $40 millones (al tipo de cambio de ese momento equivaldría a 200.000 dólares), con la participación de tres actores clave: Orozco, Ortiz y Osvaldo Oyhenart, ex subsecretario de Políticas Sociales.
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Orozco, Ortiz y Oyhenart fueron imputados por "peculado en cuatro hechos en concurso real", por las 2 licitaciones y 2 contrataciones directas adjudicadas a la cooperativa "Manos a la Obra", expedientes que la exsecretaria de Gobierno negó haber firmado, lo que fue derrumbado por las pericias caligráficas.
En la misma causa, fueron imputados por "partícipes necesarios" el yerno de Oyhenart, Juan Pablo Pandolfi; el dirigente del PRO y exfuncionario municipal Matías Mostaccio, el ex subcontador Daniel Herrera; y el presidente de la cooperativa fantasma y puntero político, Adrián "Moco" Pérez.
Pandolfi y Mostaccio habrían sido los encargados de regularizar o "blanquear" la cooperativa Manos a la Obra ante ATM, INAES, AFIP y otros organismos del Estado por orden de Orozco. Herrera habría gestionado la cuenta bancaria de la cooperativa en Supervielle. Y Pérez, además de figurar como presidente de la entidad, habría sido uno de los que falsificó las planillas de cumplimiento de los servicios.
A otros exfuncionarios de Orozco se los imputó por "peculado culposo": esto cabe para Mauricio Valle, exdirector de Suministros; Carlos Nofal, exsecretario de Hacienda; Mauro Homan, aún secretario Legal y Técnico de la comuna; Leandro Tassi, de Contaduría, al igual que Javier Tolín; y Patricia Díaz, exdirectora de Tesorería.
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