La exsecretaria de Gobierno de Las Heras, imputada por corrupción y amenazas, afirmó que en varios expedientes que la comprometían le habían falsificado la firma.
Es su firma: la pericia clave que compromete aún más a Janina Ortiz
En un nuevo revés judicial para Janina Ortiz, una pericia caligráfica despejó cualquier duda: las firmas investigadas en documentos clave pertenecen a la exsecretaria de Gobierno de Las Heras. Con este informe, la estrategia de la defensa, encabezada por el abogado Fernando Burlando de desligarse de la causa, queda comprometida.
El informe fue solicitado por la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de Juan Ticheli en el marco de la causa "cooperativa fantasma", en la que Ortiz y su esposo, el exintendente de Las Heras Daniel Orozco, están imputados por peculado. La exfuncionaria municipal y suspendida diputada de La Unión Mendocina había dicho que no era su firma la que aparecía en cuatro expedientes, sino que habían sido fraguadas.
Sin embargo, el informe de la perito caligráfica Patricia Isabel Mattei fue contundente y concluyó que "las firmas insertas en los documentos cuestionados pertenecen al puño y letra de Janina Ortiz Occhionero".
La documentación cotejada por la perito surge de 4 expedientes administrativos: 2 licitaciones y 2 contrataciones directas a la cooperativa "Manos a la obra", mediante la cual Ortiz, Orozco y un grupo de funcionarios habrían desviado el equivalente a unos 200.000 dólares de la comuna.
Los detalles de la pericia
Los documentos fueron observados y analizados con distintos aparatos de laboratorio: lámpara de rayos ultravioletas, "sumamente importante porque revela adulteraciones o tratamientos químicos"; además de microscopios y lupas que permiten la observación en diferentes dimensiones, "poniendo de relieve y evidencia las particularidades de las grafías", entre otros.
Como resultado, se concluyó que las firmas cuestionadas y las auténticas tomadas en consideración, corresponden al trazo de Janina Ortiz, haciendo hincapié en cinco coincidencias:
1- Característico trazado inicial en arqueamiento ascendente, generalmente con punto de ataque elevado y brusca retoma superior descendente.
2- Destacado impulso gráfico en la construcción del lineamiento medio con desarrollo tipo festón siendo las crestas empastadas o abiertas, presentando particular dupla final apretada con enlace elevado.
3- En forma enlazada remata la estructura con bucle comprimido por retoma descendente curvada o recta y terminal regresivo ganchoso.
4- Tanto esta evolución como la primera mantienen pocas diferencias de altura y conservado paralelismo de los ejes.
5- Como rasgo supletorio del texto define un trazado simple con escape directo a manera de base del mismo y a diferente altura.
Causa "cooperativa fantasma"
La pericias caligráficas son una prueba más de la causa "cooperativa fantasma". Esta causa judicial se nutrió de una investigación del Post (ver aparte) sobre cómo la Municipalidad de Las Heras, bajo la gestión de Orozco y Ortiz, usó cooperativas que no registraban movimientos para contratar servicio de limpieza durante la pandemia (y después también), por el que pagaban suculentas sumas de dinero sin que exista una contraprestación.
La Fiscalía de Delitos Económicos centró la causa judicial sólo en una de esas cooperativas mencionadas en el informe del Post: "Manos a la Obra". Durante la investigación, se detectó que a través de dos contrataciones directas y dos licitaciones le habían transferido de manera irregular cerca de $40 millones (al tipo de cambio de ese momento equivaldría a 200.000 dólares), con la participación de tres actores clave: Orozco, Ortiz y Osvaldo Oyhenart, ex subsecretario de Políticas Sociales.
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Orozco, Ortiz y Oyhenart fueron imputados por "peculado en cuatro hechos en concurso real", por las 2 licitaciones y 2 contrataciones directas adjudicadas a la cooperativa "Manos a la Obra", expedientes que la exsecretaria de Gobierno negó haber firmado, lo que fue derrumbado por las pericias caligráficas.
En la misma causa, fueron imputados por "partícipes necesarios" el yerno de Oyhenart, Juan Pablo Pandolfi; el dirigente del PRO y exfuncionario municipal Matías Mostaccio, el ex subcontador Daniel Herrera; y el presidente de la cooperativa fantasma y puntero político, Adrián "Moco" Pérez.
Pandolfi y Mostaccio habrían sido los encargados de regularizar o "blanquear" la cooperativa Manos a la Obra ante ATM, INAES, AFIP y otros organismos del Estado por orden de Orozco. Herrera habría gestionado la cuenta bancaria de la cooperativa en Supervielle. Y Pérez, además de figurar como presidente de la entidad, habría sido uno de los que falsificó las planillas de cumplimiento de los servicios.
A otros exfuncionarios de Orozco se los imputó por "peculado culposo": esto cabe para Mauricio Valle, exdirector de Suministros; Carlos Nofal, exsecretario de Hacienda; Mauro Homan, aún secretario Legal y Técnico de la comuna; Leandro Tassi, de Contaduría, al igual que Javier Tolín; y Patricia Díaz, exdirectora de Tesorería.
Causa "coacción"
Además de la causa "cooperativa fantasma", Janina Ortiz también está imputada por amenazas coactivas, acusada de haber obligado a una empleada municipal a tener relaciones sexuales con un subsecretario, grabarlo y entregarle ese audio para tener control sobre el funcionario en cuestión.
Entre agosto y septiembre de 2022, Ortiz habría amenazado a una empleada municipal para que tenga relaciones sexuales con el funcionario Osvaldo Oyhenart y lo grabara. De los testimonios que surgen del expediente, Ortiz amenazó a la empleada municipal a través de una compañera, todo de manera verbal: tenía que mantener relaciones sexuales con el funcionario, debía hacerlo "hablar de todo" y grabar esa conversación, todo bajo la amenaza de que si no lo hacía, ambas se quedarían sin trabajo: la destinataria del mensaje y la intermediaria, amigas entre sí. Con ese audio en su poder, Ortiz tendría absoluto control sobre Oyhenart.
También están imputadas por coacción agravada por uso de arma de fuego Patricia Alejandra Rivero, mano derecha de Ortiz en la Secretaría de Gobierno de Las Heras, y la hija de ésta, Dana Carolina Murúa, también funcionaria en ese entonces.
Rivero y Murúa habrían "negociado" la entrega del audio que las dos empleadas municipales estaban reteniendo. Habría existido una reunión en la casa de Rivero en abril de 2023 en la que madre e hija habrían sacado un arma de un mueble, proyectiles, y habrían exigido a las denunciantes la entrega del audio.
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