La obra social queda dividida en OSFA, para los agentes de las Fuerzas Armadas, y en OSFFESEG para Prefectura y Gendarmería.
Salió el decreto que divide la obra social de las Fuerzas Armadas
El Poder Ejecutivo dispuso la reestructuración total del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La decisión, oficializada mediante el decreto 88/2026, establece la división definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades autárquicas que asumirán la cobertura médica de los afiliados.
La medida contempla la puesta en marcha de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), en lo que el Gobierno define como una estrategia para frenar el colapso del sistema sanitario que afectaba a más de 500.000 beneficiarios.
Desde el Ejecutivo argumentaron que la reforma responde a una crisis financiera considerada crítica, con un pasivo auditado cercano a los 200.000 millones de pesos.
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Un sistema dividido por jurisdicción
El nuevo esquema asigna responsabilidades diferenciadas según el ámbito de cada fuerza. La OSFA funcionará bajo la órbita del Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti, y tendrá a su cargo la atención sanitaria del personal militar en actividad, los civiles de las Fuerzas Armadas, los retirados y sus familias.
En paralelo, la OSFFESEG dependerá del Ministerio de Seguridad y brindará cobertura médica a los integrantes de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, con el objetivo de adaptar la gestión a las particularidades operativas de estas fuerzas.
Ambos organismos contarán con autonomía administrativa y personería jurídica propia, lo que les permitirá administrar recursos y diseñar políticas sanitarias específicas para sus afiliados.
Distribución rígida de recursos
Uno de los puntos centrales del decreto es la implementación de un esquema de asignación financiera con límites definidos. La normativa establece que el 80% de los ingresos deberá destinarse exclusivamente a prestaciones médico-asistenciales. En tanto, los gastos administrativos no podrán superar el 8%, mientras que el 12% restante podrá utilizarse para otras prestaciones sociales, siempre que las obligaciones sanitarias estén garantizadas.
Con este modelo, el Gobierno busca evitar desvíos de fondos y asegurar que la mayor parte de los recursos se destinen directamente a la atención médica.
La reestructuración también incorpora cambios en la gobernanza de las nuevas obras sociales. El Ejecutivo estableció que los integrantes de los directorios deberán acreditar experiencia comprobable en gestión administrativa y sanitaria, tanto en el sector público como privado.
Además, las entidades quedarán bajo auditoría permanente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y deberán cumplir con un régimen estricto de incompatibilidades para prevenir conflictos de interés, en un intento por evitar las fallas estructurales detectadas en el IOSFA.
Transición y continuidad de la atención
El decreto prevé un proceso de transición que incluye el traspaso progresivo de activos, pasivos y personal del IOSFA hacia las nuevas estructuras. Para supervisar ese proceso, el Gobierno creó una Comisión Especial Ad-Hoc integrada por representantes de los ministerios de Defensa, Seguridad, Economía y Salud.
El objetivo oficial es garantizar que el cambio institucional no afecte la continuidad del Programa Médico Obligatorio ni los tratamientos en curso de los afiliados.
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