Un fallo judicial ordenó al Club Deportivo IMPSA entregar el predio que ocupa desde hace 40 años a la empresa homónima, hoy en manos de capitales extranjeros.
IMPSA vs. IMPSA: la Justicia falló a favor de la empresa y peligra el club
El conflicto entre la empresa IMPSA S.A. y el Club Deportivo IMPSA sumó un capítulo decisivo: la Justicia mendocina falló a favor de la metalúrgica y ordenó la restitución del predio que actualmente ocupa la institución deportiva en el departamento de Godoy Cruz. La decisión podría marcar el fin de una convivencia de más de 40 años y pone en riesgo la continuidad del club que hoy sostienen unos 2.000 socios.
"Hacer lugar a la demanda de reivindicación entablada por la actora IMPSA SA en contra del CLUB DEPORTIVO IMPSA y cualquier otro ocupante del inmueble, y en consecuencia condenar a éste para que en el plazo de DIEZ DÍAS de quedar firme y ejecutoriada la presente sentencia, entregue a la actora el inmueble", resolvió el Tribunal de Gestión Asociada número 3.
La disputa gira en torno al terreno donde funciona el club, al sur de calle Alsina, de 15.103 metros cuadrados, que IMPSA compró en 1982 y que, según la empresa, fue cedido en comodato al club para que sus empleados pudieran practicar actividades deportivas. Sin embargo, el club alegó haber adquirido la posesión del predio por prescripción adquisitiva, argumentando una ocupación pública, pacífica e ininterrumpida desde 1984 (usucapión), e incluso afirmó haber iniciado un proceso de compraventa con descuentos salariales a empleados para financiarlo. Asimismo, en la causa judicial la asociación civil destacó las mejores y obras generales que se hicieron en el predio durante las últimas cuatro décadas.
El tribunal ordenó al Club Deportivo IMPSA restituir el predio en un plazo de diez días una vez que la sentencia quede firme, aunque dejó abierta la posibilidad de discutir el derecho de retención por mejoras edilicias en la etapa de ejecución. Al respecto, la asociación civil apelaría el fallo de primera instancia, por lo que aún no comenzaría a correr el plazo mencionado.
En la etapa anterior de IMPSA, bajo control del Estado nacional y el Estado provincial, las autoridades de la metalúrgica ofrecieron a la asociación civil la firma de un comodato; sin embargo, el club no aceptó porque estaría implícitamente reconociendo que los terrenos no les pertenecen.
El fallo también deja al descubierto una tensión de fondo: la transformación de IMPSA en una compañía con mayoría de capital extranjero, tras su reestructuración y la incorporación de inversores estadounidenses. Lo que alguna vez fue una empresa familiar mendocina, que fundó un club para sus empleados, hoy es administrada por un consorcio norteamericano que decidió continuar con la batalla contra la asociación civil que administra el club.
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Posiciones encontradas
Más allá del destino que tenga la causa en instancias superiores, surge una pregunta: ¿por qué el Club Social y Deportivo IMPSA administró el lugar desde 1984? Según el alegato de la asociación civil, adquirieron la posesión del inmueble mediante un contrato de compraventa con IMPSA, facilitado por Luis Menotti Pescarmona, socio fundador del club, para que los empleados de IMPSA tengan un complejo deportivo a su disposición.
Ese contrato permitió que el club tomara posesión del terreno y realizara pagos a través de descuentos en los bonos de sueldo de los trabajadores socios del club. "Desde entonces, el club ha gestionado el terreno de manera pública, continua y pacífica, realizando numerosas mejoras e inversiones en el mismo, lo que respalda su reclamo de prescripción adquisitiva", alegaron.
Sin embargo, la Justicia no le dio la razón al club. El tribunal consideró que nunca existió una escritura de compraventa ni prueba concluyente de que la posesión se ejerciera con "ánimo de dueño". Además, valoró que en múltiples expedientes municipales el inmueble figuró siempre a nombre de IMPSA.
Para el juez, el club fue un comodatario de hecho, que nunca interrumpió el reconocimiento de la propiedad en cabeza de IMPSA y cuya relación con la empresa se mantuvo sin ruptura jurídica durante más de 30 años. En ese marco, entendió que la acción de reivindicación era procedente y ordenó la restitución del predio, dejando en suspenso -para una futura etapa de ejecución- el posible derecho del club a reclamar por las mejoras realizadas en el lugar.
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