El proyecto del Ejecutivo busca un mecanismo que dé previsibilidad a las universidades sin comprometer el equilibrio fiscal.
El Gobierno mandaría otra ley de financiamiento universitario
Tras apelar la medida cautelar que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario sancionada en 2024, el Poder Ejecutivo resolvió sumar al temario de las sesiones extraordinarias una versión "adaptada" de esa norma, con el objetivo de rediseñar el esquema de compensación de fondos para las universidades públicas.
La decisión, que será formalizada por decreto en las próximas horas, busca dar una señal al sistema universitario, que reclama una actualización presupuestaria para garantizar el funcionamiento básico de las casas de estudio. Según pudo confirmar Infobae de una fuente oficial, el nuevo texto procurará compatibilizar las demandas del sector con el principio de equilibrio fiscal que sostiene la administración de Javier Milei.
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La incorporación del proyecto se produce después de que el oficialismo consiguiera avanzar en la media sanción de la reforma laboral, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo con el Mercosur. Con ese paquete ya encaminado, la Casa Rosada decidió añadir una iniciativa que apunte a descomprimir el conflicto universitario, que escaló con fuerza entre 2024 y 2025 y derivó en movilizaciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país.
En paralelo, el Ministerio de Capital Humano activó negociaciones con las autoridades universitarias. El secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron reuniones con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y su vice, Franco Bartolacci. El eje de las conversaciones fue encontrar un mecanismo de actualización presupuestaria que ofrezca previsibilidad fiscal y garantías jurídicas, sin comprometer la meta de déficit cero.
El concepto no es menor: la intención es reformular la norma vigente para que su ejecución no desborde los límites presupuestarios fijados por el Gobierno.
En Balcarce 50 se muestran optimistas respecto del calendario legislativo. Aunque el reglamento establece que la ampliación del temario debe votarse en el recinto, existen antecedentes de incorporación de proyectos mediante decreto sin acuerdos parlamentarios formales de aceptación. El decreto que se publicará en el Boletín Oficial también extenderá las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero, un día más de lo previsto, para cumplir con los plazos reglamentarios antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias del 1° de marzo.
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