El exsubprocurador Sebastián Soler explicó en Radio Post FM 92.1 por qué la Cámara revocó la millonaria condena y qué puede pasar ahora en la disputa con el fondo Burford.
Fallo por YPF: qué cambia tras la decisión que le dio aire a Argentina
La reciente decisión judicial en Estados Unidos que favoreció a la Argentina en el caso por la expropiación de YPF marcó un giro clave en un litigio que llevaba años acumulando fallos adversos. Según explicó el exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler en una entrevista con Radio Post FM 92.1, se trata de una resolución "decisiva", aunque todavía no definitiva.
El pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones dejó sin efecto la sentencia previa que obligaba al país a pagar unos 16.000 millones de dólares. Ese fallo había sido dictado en primera instancia por la jueza Loretta Preska, quien consideró irregular el proceso de expropiación realizado en 2012.
Este fallo había sido dictado en primera instancia por la jueza Loretta Preska quien consideró irregular el proceso de expropiación.
Soler, que integró el equipo jurídico que defendió al Estado argentino, remarcó que la Cámara corrigió ese criterio al establecer que debía aplicarse exclusivamente el derecho argentino. En ese marco, sostuvo que la legislación local, en particular la ley de expropiaciones, prevalece sobre normas internas de una empresa como YPF.
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"El tribunal entendió que el Estado actuó conforme a derecho", resumió durante la entrevista. Uno de los puntos que destacó el exfuncionario es la continuidad de la estrategia legal a lo largo de distintos gobiernos. El juicio se inició en 2015, durante la gestión de Mauricio Macri, y continuó con argumentos que se consolidaron en los años siguientes hasta llegar a esta instancia.
Esa línea de defensa, según Soler, fue clave para el resultado. "Se sostuvo un criterio técnico más allá de los cambios políticos", señaló, diferenciando ese trabajo de algunas declaraciones públicas que consideró "imprudentes".
En ese punto, cuestionó posiciones del actual presidente Javier Milei, al advertir que calificar como incorrecta la expropiación mientras se celebra el fallo puede generar contradicciones con impacto en futuras instancias judiciales.
Sobre el contexto internacional, Soler descartó que el resultado responda a influencias políticas directas de figuras como Donald Trump. Aclaró que, si bien Estados Unidos presentó opiniones en el expediente, lo hizo en aspectos secundarios y no en el núcleo del caso que se resolvió ahora.
En cambio, sí hubo respaldo de países de la región como Brasil, Chile, Uruguay y Ecuador, que advirtieron sobre el riesgo que implicaba el fallo inicial para sus propios marcos legales en materia de expropiaciones.
El conflicto tiene como contraparte al fondo Burford, que adquirió los derechos para litigar en nombre de accionistas afectados. Este tipo de operatoria, explicó Soler, es cada vez más habitual en disputas internacionales y responde a una lógica financiera: maximizar ganancias a partir de juicios de alto impacto.
Tras la decisión de la Cámara, el escenario cambió. Ahora es Burford quien quedó en una posición más compleja. El fondo puede intentar llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque las chances son bajas: ese tribunal acepta una proporción mínima de los casos que recibe.
También podría pedir una revisión dentro de la misma Cámara o explorar una vía en el CIADI, el organismo internacional de arbitraje. Sin embargo, el paso del tiempo y el nuevo fallo juegan en contra de esas alternativas.
Para Soler, el proceso aún no terminó, pero el desenlace aparece más cercano. "Estamos muy cerca de que esto se cierre a favor de la Argentina", afirmó.
El exsubprocurador subrayó además que el resultado judicial no solo depende de la defensa legal, sino también de cómo se realizó la expropiación en su momento. Recordó que la decisión fue aprobada por amplias mayorías en el Congreso, lo que refuerza su validez institucional.
La causa seguirá generando movimientos y posiblemente nuevos titulares. Pero, tras años de incertidumbre, el fallo reciente modificó el equilibrio del litigio y dejó a la Argentina en una posición más favorable de cara al tramo final.
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