La compañía uruguaya prestó servicios de inspección y mantenimiento a un helicóptero del Ministerio de Seguridad y Justicia: el Halcón I.
Empresa uruguaya reclama $100 millones al Gobierno de Mendoza
La empresa STA Sistemas Tecnológicos Aeroespaciales S.A., con sede en Uruguay, presentó un reclamo formal ante el Gobierno de Mendoza para exigir el reembolso de una retención aplicada sobre el Impuesto a las Ganancias. En concreto, la compañía reclama cerca de U$S 85.000, el equivalente a alrededor de $100 millones.
La compañía uruguaya prestó servicios de inspección y mantenimiento a un helicóptero del Ministerio de Seguridad y Justicia: el Halcón I, matrícula LQ BFB. Pero al momento del pago, el Estado provincial aplicó una retención del 35% sobre la ganancia mínima presunta, exactamente U$S 85.537,76, lo que generó el reclamo de la empresa.
El caso tuvo un extenso recorrido administrativo y derivó en un Recurso Jerárquico, en el que STA alegó que la retención no correspondía debido a que en su oferta había estipulado que el precio acordado no incluía impuestos, tasas ni retenciones en Argentina. Sin embargo, el Gobierno de Mendoza rechazó el planteo y confirmó la retención impositiva, argumentando que la adjudicación del contrato fue por un precio total y no neto de impuestos, como interpretaba la empresa.
"Acéptese desde el aspecto formal y rechácese desde el aspecto sustancial el Recurso Jerárquico interpuesto por la apoderada legal de la firma STA SISTEMAS TECNOLOGICOS AEROESPACIALES S.A.", dice el decreto 351/24 firmado por el gobernador Alfredo Cornejo.
La empresa STA fue la única oferente en la contratación para la inspección y mantenimiento del helicóptero LQ BFB - Halcón I, utilizado por la Policía de Mendoza. En el proceso licitatorio, presentó dos ofertas: una básica de U$S 390.058,09 y una alternativa con mejora por U$S 271.548,45, que finalmente fue la adjudicada.
Desde el Ejecutivo provincial argumentaron que en la contratación pública no se pueden excluir unilateralmente costos tributarios, salvo que los pliegos lo permitan expresamente. En este caso, las condiciones establecían que las ofertas debían contemplar todos los costos, incluyendo eventuales impuestos y retenciones.
El análisis administrativo determinó que la adjudicación fue por un precio total, sin aceptar la exclusión de impuestos que STA había propuesto en su oferta. Además, el Gobierno señaló que la empresa no impugnó en su momento la adjudicación con ese criterio, por lo que su posterior reclamo resultaba improcedente.
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Finalmente, el decreto estableció que la vía administrativa quedó agotada y que, si la empresa desea continuar con el reclamo, deberá hacerlo por la vía judicial en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
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