El bloque del Partido Justicialista en Diputados presentó un proyecto para crear una comisión investigadora. Apuntan a la contratación sin licitación de Clisa Interior S.A., por $54 mil millones.
El PJ quiere crear una comisión investigadora por las viandas de las cárceles
El diputado Germán Gómez, presidente del bloque del PJ, presentó un proyecto para crear una Comisión Especial Investigadora con el objetivo de revisar el proceso de licitación y posterior contratación directa del servicio de viandas destinado a las cárceles de Mendoza.
El expediente, que también cuenta con la firma del diputado del Partido Verde Emanuel Fugazzotto, cuestiona la legalidad, la transparencia y el impacto presupuestario de la adjudicación por más de 54.000 millones de pesos a la firma Clisa Interior S.A., que presta este servicio hace más de una década.
El proyecto de Gómez destaca que la licitación inicial se declaró desierta pese a que la empresa Bio Limp Soluciones de Calidad S.A. había presentado una oferta, la cual fue desestimada por supuestos errores formales, y en esa etapa Clisa ni siquiera había participado.
"La firma Clisa, que no había participado, fue finalmente contratada en forma directa por un monto multimillonario, amparándose en el artículo 144 inciso b) de la Ley de Contabilidad N° 8706. Esto, por sí solo, despierta alarmas institucionales", destacó Gómez, quien además es presidente de la Bicameral de Seguridad.
Sospechas y cómo funcionaría la comisión investigadora
El principal argumento del PJ para avanzar con la investigación radica en el monto millonario adjudicado sin competencia, sumado al hecho de que el precio por ración se fijó en $13.534,40, lo que incluye desayuno, almuerzo, merienda y cena por persona. "Esto implica un incremento de más del 860% en apenas dos años, muy por encima de cualquier índice de inflación real. Se trata de un aumento que no solo compromete el equilibrio presupuestario, sino también la credibilidad del Estado ante los ojos de la ciudadanía", indicó el legislador peronista.
"El argumento de la urgencia no puede convertirse en excusa para eludir la obligación de transparencia", agregó.
Si se aprueba, la iniciativa propone que la Comisión Especial esté integrada por un legislador de cada bloque con representación parlamentaria, respetando el principio de proporcionalidad política. Tendrá 90 días para presentar un informe preliminar, con posibilidad de una única prórroga de 60 días.
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Tendrá atribuciones para convocar a funcionarios, solicitar documentación, pedir informes a organismos como el Tribunal de Cuentas y la Contaduría General, y eventualmente remitir antecedentes a la Justicia.
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