Otra vez la empresa adjudicataria fue Clisa Interior S.A. Se encargará de entregar 4 millones de raciones durante los próximos dos años. La otra oferta fue rechazada por "irregularidades formales".
Una empresa cobrará U$S 50 millones por la comida para los presos
El Gobierno de Mendoza oficializó la adjudicación del contrato para la provisión de viandas en las cárceles por un monto total de $54.137.600.000 (alrededor de 50 millones de dólares). El servicio quedó en manos de la firma Clisa Interior S.A., que será responsable de la elaboración y distribución de 4 millones de raciones alimentarias destinadas a personas privadas de libertad y penitenciarios.
El proceso de contratación se resolvió mediante contratación directa, luego de que fracasara una licitación pública anterior. En esta instancia participaron dos empresas, pero solo una fue admitida: la otra, Bio Limp Soluciones de Calidad S.A., quedó fuera de carrera tras una serie de observaciones por parte de la comisión evaluadora.
Entre los puntos que motivaron el rechazo de Bio Limp, el Gobierno señaló la presentación de documentación sin firma válida, pólizas de garantía con errores, habilitaciones incompletas o vencidas, y una oferta sujeta a la resolución de un recurso presentado en otro proceso, lo cual fue considerado una "condición inaceptable".
La empresa ganadora, Clisa, cotizó a un precio unitario de $13.534,40 por ración, con un esquema que contempla una prestación durante aproximadamente dos años, o hasta agotar el total contratado. El contrato prevé también la posibilidad de una prórroga por un año adicional.
¿Qué incluye cada vianda?
Las raciones estarán destinadas a cubrir el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Cada vianda, de un valor cercano a los $13.500, incluirá el desayuno (7% del total de la ración), almuerzo (43%), merienda (7%) y cena (43%). También se estableció que deberán tener una composición calórica de entre 2.800 y 3.000 kcal por día.
Además, los menús deberán contemplar variaciones para adultos y niños en situación de encierro (están con sus madres), y cumplir con los estándares establecidos por el equipo de nutrición del Ministerio de Seguridad y Justicia.
Menú especial para las fiestas
El pliego también establece que la empresa adjudicataria deberá ofrecer un menú especial para las fiestas de Navidad y Año Nuevo, con dos opciones.
La primera deberá incluir pollo asado con ensalada caprese, dos sánguches de miga, un budín de pan y un turrón o pasta de maní. Mientras que la opción 2 deberá ser bondiola de cerdo con salsa agridulce con batatas doradas o puré de batatas, dos sánguches de miga, ensalada de frutas y budín navideño.
La adjudicataria también se encargará del mantenimiento de las cocinas, redes cloacales y desagües involucrados en el proceso de elaboración, asumiendo los costos de reparación o reposición de equipos. En caso de problemas que imposibiliten el uso de las cocinas penitenciarias, la empresa deberá contar con plantas de producción externas.
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El pliego establece también que los productos de panadería, como panes y tortitas, serán elaborados directamente por el Servicio Penitenciario, utilizando insumos provistos por la contratista. Esta medida busca reducir costos y fomentar la participación de los internos en actividades productivas. Sin embargo, la empresa adjudicataria será responsable de suplir estos productos en caso de emergencias o inconvenientes en la producción interna.
La licitación incorpora exigencias para garantizar la calidad de los alimentos y la seguridad de los consumidores: la empresa adjudicataria deberá emplear nutricionistas, bromatólogos y personal capacitado para supervisar la elaboración de las raciones, asegurándose de cumplir con el Código Alimentario Argentino.
Desde el punto de vista económico, el contrato está diseñado para mitigar el impacto de la inflación. Los precios podrán ser revisados periódicamente, considerando variables como los costos de la materia prima, las escalas salariales del personal y los índices de precios al consumidor. Sin embargo, el pliego subraya que los márgenes de utilidad de la empresa deberán mantenerse estables, aplicando la denominada "teoría del sacrificio compartido" para equilibrar las cargas entre el Estado y el proveedor.
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