Desde La Cámpora hasta Protectora, pasando por el Frente Renovador, diputados de todo el arco justicialista de Mendoza firmaron un proyecto para repudiar el fallo de la Corte que ratifica la prisión de Cristina Kirchner. Se trataría este miércoles.
"Atentado a la democracia": la reacción de todos los peronismos de Mendoza
Tal como se vio en Buenos Aires, el peronismo y afines cerraron filas en Mendoza para respaldar a la expresidenta Cristina Kirchner tras el fallo de la Corte que dejó firme la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.
Más allá de la convocatoria de la semana pasada a la que adhirieron todos los sectores del peronismo, se espera una defensa cerrada a Cristina en la Legislatura en los próximos días, ya que referentes de las distintas líneas internas firmaron un contundente proyecto de declaración que considera que el fallo de la Corte es un "atentado contra la democracia".
Dirigentes de La Cámpora, del peronismo del sur, del sector de Carlos Ciurca, del massismo e incluso el "líbero" José Luis Ramón, firmaron una declaración en la Cámara de Diputados que expresa el "más profundo repudio" a lo que denominan la "proscripción" política de Cristina Fernández de Kirchner.
La autora principal del proyecto es la diputada Valentina Morán (La Cámpora), Natalia Vicencio (del sector de la CTA), German Gómez (del sector de los Félix), Julio Villafañe (del sector de Martín Aveiro), Roxana Escudero (diputada que responde a Carlos Ciurca), Gabriela Lizana (representante de Sergio Massa) y José Luis Ramón.
"La sentencia confirmada por la Corte es producto de un proceso judicial arbitrario y amañado como pocas veces se ha visto en la Argentina", dice el documento, que acusa al Poder Judicial de actuar como instrumento del lawfare, una estrategia que -según los firmantes- fue utilizada en toda América Latina contra líderes como Lula da Silva.
Además de denunciar una persecución judicial, los legisladores remarcan que el fallo es un ataque directo al sistema democrático argentino: "La inhabilitación funciona de hecho como una proscripción política", sostienen. Según el texto, esto impide que la ciudadanía pueda votar libremente a quien desee, especialmente cuando se trata de una figura "altamente representativa en el seno del pueblo argentino".
Ver más: Cristina volvió a salir al balcón luego del desalojo que hizo la Policía
También se destaca la denuncia sobre la parcialidad de los jueces: se menciona que Julián Ercolini, uno de los magistrados que intervino en la causa, participó de aquel viaje a Lago Escondido junto a funcionarios del macrismo.
El documento recuerda que la actual Corte Suprema está incompleta -tiene sólo tres miembros de los cinco que exige la Constitución- y que dos de esos jueces fueron designados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, omitiendo que al final no juraron hasta que obtuvieron los dos tercios del Senado y que uno de ellos, Rosatti, fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner.
"Las proscripciones en la historia argentina nunca han llevado a la resolución de problemas institucionales", sino a crisis políticas profundas. Y llama a "todas las fuerzas democráticas" a rechazar esta situación para garantizar la vigencia plena del sistema representativo y republicano.
El proyecto de declaración completo:
Autor: Dip. Valentina Morán
Coautores: Dips. Germán Gómez, Natalia Vicencio, Julio Villafañe, Roxana Escudero, José Luis Ramón (Partido Protectora), Gabriela Lizana (Frente Renovador)
Tipo: Declaración
Bloque: Frente de Todos
Tema: Expresar el más profundo repudio a la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner, dos veces Presidenta de la Nación, y actual Presidenta del Partido Justicialista nacional.
Fundamentos:
Expresar su más profundo repudio a la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner, dos veces Presidenta de la Nación, y actual Presidenta del Partido Justicialista nacional; y su máxima preocupación por el atentado contra la democracia ejercido por miembros de Poder Judicial al cercenar el derecho de la ciudadanía de elegir libremente a sus representantes.
La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, según la establece la Constitución Nacional. El reciente fallo del 10 de junio de 2025 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ incidente de recurso extraordinario", referido a la llamada "Causa Vialidad" significa un atentado directo contra la forma representativa de gobierno, al cercenar el derecho de la ciudadanía a elegir a sus representantes, y contra la forma republicana, al implicar una intromisión flagrante de sectores del Poder Judicial de la Nación en el proceso electoral argentino. Se trata sin más de un atentado contra nuestra joven democracia argentina, y como representantes electos por nuestro pueblo, no podemos permanecer indiferentes.
La sentencia confirmada por la Corte es producto de un proceso judicial arbitrario y amañado como pocas veces se ha visto en la Argentina, que manifiestan una intención persecutoria contra la líder más importante de la oposición al actual gobierno nacional. Se trata de un ejemplo de "lawfare" o guerra judicial, la instrumentación del poder judicial para la persecución y eliminación de adversarios políticos, una práctica que en América Latina se ha utilizado en las últimas décadas contra numerosos liderazgos, entre ellos el más destacado el de Luis Inacio "Lula" Da Silva en Brasil, entre otros. Medios de comunicación, jueces, fiscales, sectores políticos y sectores económicos que se coaligan para garantizar la persecución de unos y la impunidad de otros.
En la Causa Vialidad se han vulnerado un sinnúmero de garantías constitucionales y elementos básicos que hacen a un proceso judicial legal y legítimo.
En primer lugar, se condena por un delito por el cual la ex-presidenta ya había sido juzgada y sobreseída una década atrás en la Justicia de Santa Cruz.
En segundo lugar, se vulneró la garantía de ser juzgada por jueces imparciales e independientes, demostrado por los vínculos probados y extendidos en el tiempo entre los principales funcionarios judiciales que intervinieron en la causa y el ex-presidente Mauricio Macri, al igual que la participación del juez de primera instancia Julián Ercolini del viaje a Lago Escondido invitado por el Grupo Clarín.
En tercer lugar, se cometieron irregularidades graves como la incorporación de pruebas por parte de los fiscales que no habían sido planteadas por la fiscalía, la condena por conductas por las cuales no fue indagada ni procesada y que fueron incorporadas recién en los alegatos de los fiscales, la restricción de la posibilidad de la defensa de presentar pruebas exculpatorias o de convocar testigos clave y la negativa sistemática a realizar pericias exhaustivas sobre la totalidad de las obras en base a las cuales se fundó la condena, reduciendo las pericias a un número pequeño de las mismas, en las cuales no se pudo probar la cartelización ni el sobreprecio.
Finalmente y quizás más importante, se condena a quien fuera Presidenta de la Nación por un delito que no pudo haber cometido ejerciendo esa función siendo que, tal como señaló el ex-Procurador del Tesoro del actual gobierno Rodolfo Barra, el Presidente no puede tener responsabilidad administrativa ni penal en un caso de estas características ya que es ajeno a la administración general, función a cargo del Jefe de Gabinete.
Todas estas irregularidades fueron motivo de varios recursos de queja ante la Corte presentados por la defensa de la ex-presidenta, el último de los mismos presentado el 21 de marzo del corriente. Sin embargo, el máximo tribunal rechazó considerar estos argumentos y se rehusó a revisar una causa que a todas luces ameritaba hacer lugar a las quejas y revisar el expediente de forma exhaustiva.
La actual Corte que falló, es una expresión cabal de la degradación institucional de la Argentina. Compuesta de sólo tres miembros, cuando debe tener cinco; incluye dos jueces que aceptaron ser nombrados por decreto por el entonces Presidente Mauricio Macri. La decisión de rechazar el recurso extraordinario y confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N° 4 de seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos sucede apenas siete días después de que la líder opositora confirmara su candidatura a diputada provincial en las próximas elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, a celebrarse el 7 de septiembre de este año. Al igual que sucedió en el pasado, la "Causa Vialidad" se ha movido al compás del calendario electoral, con la finalidad de incidir de forma directa e indirecta en los procesos democráticos. El fallo se tomó con el objetivo directo de prohibir la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.
La inhabilitación funciona de hecho como una proscripción política a la principal líder de la oposición al actual gobierno, y a una figura pública altamente representativa en el seno del pueblo argentino. Quitarle el derecho a los ciudadanos y ciudadanas de elegirla libremente en elecciones significa un duro golpe a una ya golpeada democracia, atravesada por un creciente ausentismo y desinterés electoral.
Las proscripciones en la historia argentina nunca han llevado a la resolución de problemas institucionales sino más bien lo contrario: han llevado a algunas de las más profundas crisis políticas que hemos vivido. Todas las fuerzas democráticas deben manifestarse en repudio y exigir la plena vigencia del sistema representativo, republicano y federal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA DECLARA:
Artículo 1°: Expresar el más profundo repudio a la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner, dos veces Presidenta de la Nación, y actual Presidenta del Partido Justicialista nacional.
Artículo 2º: De forma.
Esta nota habla de:
