La propuesta fue presentada por el Ministerio de Seguridad. Pretende actualizar el procedimiento de flagrancia en el Código Procesal Penal. La iniciativa prevé áreas especializadas, nuevos plazos y una reorganización institucional para agilizar la resolución de delitos con evidencia inmediata.
Avanza el proyecto que busca agilizar las causas por delitos menores
La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados otorgó despacho favorable al proyecto de reforma del procedimiento de flagrancia. Se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo que busca acelerar la resolución de delitos menores y fortalecer la respuesta del sistema penal en casos donde el imputado es sorprendido in fraganti.
El proyecto forma parte del paquete de reformas judiciales impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, que preside Mercedes Rus. Se propuso actualizar el Código Procesal Penal para agilizar la tramitación de causas con evidencia inmediata, como robos, hurtos o encubrimientos, mediante un esquema de especialización y plazos más claros.
Uno de los ejes centrales es la creación de áreas específicas dentro del Ministerio Público Fiscal (MPF) dedicadas exclusivamente al tratamiento de casos de flagrancia. Estas unidades deberán contar con equipos formados para impulsar, litigar y brindar soporte técnico en este tipo de procedimientos. La Procuración General será responsable de su conformación y funcionamiento.
La iniciativa también dispone que la Suprema Corte y los organismos de gestión adecuen turnos y protocolos para garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos en la ley en toda la provincia. El objetivo es evitar demoras que suelen afectar las causas de menor complejidad.
En cuanto a los plazos, la reforma establece que el MPF deberá solicitar la audiencia inicial dentro de los diez días hábiles posteriores a la aprehensión o imputación, con posibilidad de una prórroga por otros diez días en caso de necesitar pruebas básicas.
El procedimiento directísimo quedará organizado en etapas definidas, incluyendo una audiencia de finalización que debe realizarse en un plazo acotado y que, salvo excepciones, concluirá con sentencia inmediata. Las causas que correspondan a juicio por jurado continuarán excluidas de este mecanismo.
El proyecto introduce también cambios en el artículo 348 del Código Procesal Penal, incorporando el pedido de prisión preventiva dentro de la audiencia inicial para evitar audiencias superpuestas y optimizar recursos.
La reforma obliga a la Suprema Corte de Justicia y al Ministerio Público Fiscal a adecuar sus estructuras internas para asegurar la implementación efectiva del nuevo esquema procesal, orientado a dar mayor celeridad y consistencia a las causas de flagrancia en la provincia.
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