El oficialismo logró 81 firmas con apoyo del PRO y la UCR, entre otros aliados. Los menores de 14 años o más pasarían a ser imputables por sus delitos.
Diputados vota la baja de la edad de imputabilidad a 14 años este jueves
En medio de una tensa jornada en la que se comenzó a discutir la propuesta de reforma laboral en el Senado, el oficialismo logró este miércoles en la Cámara de Diputados dictamen de mayoría para el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La iniciativa obtuvo 81 firmas en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Niñez, Presupuesto y Justicia, con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales.
El texto quedó listo para ser debatido en el recinto este jueves, donde el Gobierno ya contaría con los votos para su aprobación en general. De esta manera, la iniciativa viaja con viento a favor rumbo al recinto de la Cámara baja donde mañana será sometido a votación en una sesión especial a partir de las 11 hs.
El proyecto establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para aquellos adolescentes de entre 14 y 18 años que sean penalmente responsables en casos de delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro.
En tanto que para los delitos con escalas menores se buscarán medidas alternativas a la privación de libertad. La reforma prevé la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño.
Cabe recordar que, para mantener los apoyos, el oficialismo había intentado inicialmente bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero retiró esa propuesta ante la falta de acompañamiento del PRO y la UCR, que mantuvieron su postura en 14 años. Para evitar riesgos en la votación, el Gobierno optó por respetar el consenso alcanzado el año pasado.
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En las últimas horas, uno de los puntos que generó mayor discusión fue el financiamiento para sostener este cambio. Tal como mostró el Post durante este martes, el nuevo texto incorpora una asignación presupuestaria de más de 23 mil millones para la implementación del régimen, con partidas diferenciadas para el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.
Semanas atrás, la versión que perdió estado parlamentario en diciembre, dejaba los gastos sujetos a reasignaciones dispuestas por el jefe de Gabinete, lo que había provocado el rechazo de varios gobernadores que no querían asumir los costos en sus provincias.
Con este tema "solucionado", el PRO y la UCR adelantaron que acompañarán el proyecto en el recinto. El interbloque Unidos presentó un dictamen propio que también fija la punibilidad en 14 años, pero propone un esquema progresivo de penas, un régimen especializado y centros dirigidos por civiles fuera del sistema penitenciario tradicional.
Mientras que el Frente Renovador propuso bajar la edad a 14 años, pero expresó algunas críticas al proyecto debido a falta de profundidad en temáticas de infraestructura.
En tanto que el peronismo presentó dos dictámenes, uno con la edad de imputabilidad aún en 16 años -pero con refuerzos a políticas de contención y resocialización, pena máxima de 10 años y un enfoque de justicia restaurativa.
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El nuevo régimen prevé que la privación de libertad sea el último recurso. Se priorizan sanciones alternativas en delitos con penas de hasta tres años, o hasta diez años si no hubo muerte ni violencia grave, siempre con dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal y tras escuchar a la víctima.
Por otro lado, cabe remarcar que con el respaldo de aliados y bloques provinciales, el oficialismo tiene asegurado el quórum y la aprobación en general. Las discusiones en el recinto se concentrarán en el financiamiento y en las condiciones de detención, en un debate que vuelve a poner en el centro la respuesta del Estado frente al delito juvenil.
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