El gobernador cesanteó a seis empleados públicos por motivos que van desde faltazos sin aviso hasta falsificación de certificados médicos y manejos contables irregulares. Los 6 casos.
Los 6 despidos que firmó Cornejo: ¿por qué los echó?
El gobernador Alfredo Cornejo firmó seis cesantías de empleados públicos, decretadas entre enero y junio de este año, y publicadas este jueves 10 de julio en el Boletín Oficial de Mendoza.
Los casos involucraron a agentes estatales que se desempeñaban en los ministerios de Salud, Gobierno y Energía, y en OSEP. En todos los casos, la sanción final se aplicó luego de sumarios administrativos en los que se analizaron pruebas documentales, declaraciones y antecedentes laborales.
Las faltas imputadas incluyeron ausencias injustificadas, tardanzas reiteradas, falsificación de certificados médicos y manejo irregular de fondos públicos.
A continuación, el detalle de los seis casos:
1. Un contador cesanteado por irregularidades
Martín Carlos Vega, contador de planta permanente en la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, fue sancionado por irregularidades en el manejo del Fondo sin Reposición del Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Públicas.
El sumario detectó la falta de rendiciones mensuales, retenciones no ingresadas a la DGR, cheques sin registrar y un servicio contratado que no se utilizó. La Junta de Disciplina dictaminó que su conducta violaba el artículo 13 del estatuto y aconsejó la cesantía, medida que fue confirmada por decreto del Ejecutivo.
2. Cesantía por certificado médico trucho
La agente Jhoanna Soto Giovannini, del Ministerio de Salud y Deportes, fue separada de su cargo tras comprobarse que presentó un certificado médico falso para justificar una ausencia laboral.
El profesional que supuestamente lo había firmado negó haberlo hecho, afirmó no conocer a la agente y sostuvo que no era su letra ni su firma. El sumario determinó que se trataba de un documento adulterado, lo que derivó en la aplicación de la sanción máxima.
3. Licencias médicas eternas
Alberto Silvestre Araujo, también del área de Salud, no se presentó a trabajar durante más de tres meses tras recibir el alta médica en diciembre de 2021. No justificó su ausencia en los meses siguientes ni respondió a la convocatoria para declarar en el sumario.
La investigación interna contabilizó 67 días de inasistencias injustificadas, motivo por el cual se aplicó la cesantía conforme a los artículos 13 y 14 del Decreto 560/73 y la Ley 9103.
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4. Guardias médicas no cumplidas en el Hospital Central
La médica María Sol Berra Iacobucci faltó sin justificación a cinco guardias médicas de 24 horas durante septiembre y diciembre de 2023. Algunos certificados fueron rechazados por haber sido presentados fuera de término y otros directamente no existían.
La profesional había presentado su renuncia, pero esta no fue aceptada debido a que ya se había dispuesto el inicio del sumario, tal como establece la Ley Nº 7759. La instrucción concluyó que hubo abandono reiterado de guardia y sugirió la cesantía.
5. Treinta y una faltas sin justificar en OSEP
Analía Deolinda Simi, empleada de OSEP, acumuló 31 inasistencias injustificadas durante septiembre y octubre de 2021. La instrucción sumarial indicó que no cumplió con los procedimientos para acreditar licencias por enfermedad, pese a que en otras oportunidades sí había justificado ausencias correctamente.
La agente presentó un recurso de alzada que fue rechazado por el Ejecutivo provincial, al considerar que los hechos estaban debidamente probados.
6. Faltas y llegadas tarde en el Dique Frías
El agente Mauricio Yoel Guerrero, que prestaba servicios en la Dirección de Hidráulica, fue sancionado por 14 faltas sin justificar y 9 tardanzas. El sumario determinó que no presentó descargo suficiente para desvirtuar las imputaciones. La Junta de Disciplina del Ministerio de Energía y Ambiente coincidió con la propuesta de cesantía formulada por la instructora sumariante.
En todos los casos, las cesantías fueron notificadas a la Oficina de Ética Pública y al resto de los organismos correspondientes, como lo establece la legislación vigente. Las actuaciones, que figuran en los expedientes oficiales, concluyeron que las conductas investigadas comprometían los deberes básicos del empleo público y, en algunos casos, constituían infracciones graves a las normas administrativas.
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