En un documento publicado por Memo, se dio a conocer que el abogado y accionista minoritario de YPF, Ricardo Paz Herrera presentó una denuncia penal en el Juzgado de Ariel Lijo.
Un accionista minoritario de YPF denunció a Kicillof, Galuccio y los Eskenazi
Este jueves, Memo reveló un escrito presentado por el accionista minoritario de YPF, Ricardo Paz Herrera, en la causa penal contra Kicillof, los Eskenazi y Miguel Galuccio en el Juzgado Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo.
En una nota firmada por el periodista Hernán Bitar, se dio a conocer que en medio de las tensiones judiciales por el caso YPF, entre los fallos de la jueza Loretta Preska en Estados Unidos y las apelaciones del gobierno argentino, se suma la disputa legal en Argentina, con denuncias contra los exfuncionarios y directivos de la petrolera en los tiempos de la reestatización, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Este miércoles, el abogado Ricardo Paz Herrera, presentó un escrito en el Juzgado Criminal y Correccional N°4, a cargo del juez Ariel Lijo, en el que explica, por un lado, la conveniencia de que el Estado argentino invoque fraude procesal o fraude al tribunal, denunciando ante Loretta Preska que, entre otras cuestiones, el ingreso de los Eskenazi a YPF fue signado por actos de corrupción.
Cabe recordar que el abogado ya había realizado una denuncia penal ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el año 2015, en la que había relatado irregularidades en durante la expropiación de YPF y la entrega de las acciones al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
A su vez, Paz Herrera, sostiene que también fue un fraude la gestión que llevaron a cabo los Eskenazi en YPF (con maniobras de vaciamiento y apropiación de sus activos), con el encubrimiento y colusión posterior de los directores de YPF, desde el año 2012, y ya en manos del Estado argentino.
Finalmente, el abogado enumera en su escrito presentado ante la justicia que "la administración de los Kirchner, en lugar de demandar a los Eskenazi por vaciamiento, los benefició con la expropiación, pagándole a Repsol más de $5,000 millones de dólares y a las empresas Petersen, facilitando luego el millonario reclamo financiado por el fondo Burford".
"Para ello contaron con la complicidad de los directores de YPF nombrados a partir del 2012, quienes incurrieron en maniobras de encubrimiento y colusión en beneficio de las empresas Petersen, como ser entre otros, alterar el orden del día en las asambleas de accionistas, suscribir acuerdos de indemnidades ilegales, falsear el quorum en las reuniones de directorio, obstruir e impedir los reclamos contra las empresas Petersen y los Eskenazi, intimidar a un síndico de YPF hasta lograr su renuncia para que no investigara, realizar declaraciones falsas ante la SEC y la CNV y falsear los Estados Contables de YPF", sentenció el denunciante.
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