Cuántos millones de dólares ahorran los jueces por no pagar Ganancias

Entre las cientos de páginas del Presupuesto 2026, por el cual el ministro del Interior Diego Santilli continúa recolectando adhesiones entre los gobernadores, aparece un dato que suele pasar desapercibido, pero que ayuda a dimensionar cómo se conforma la recaudación -y, sobre todo- cuánto deja de recaudarse ante beneficios para algunos grupos de poder.

De acuerdo con la proyección publicada en la página 47 del Presupuesto, en 2026 el Estado dejará de percibir $881.676 millones debido a la exención del Impuesto a las Ganancias para jueces de todo el país, lo que hoy equivale a U$S 629 millones, dinero que sería suficiente para construir una represa promedio, unos 10 hospitales como el Ramón Carrillo de San Luis o 600 kilómetros de ruta, y que representa casi la mitad del presupuesto anual de una provincia como Tierra del Fuego.

La cifra surge del apartado de "gasto tributario" del mensaje enviado al Congreso, donde se detallan los beneficios impositivos que reducen la base imponible. En este caso, la exención para los magistrados representa una porción significativa del total de Impuesto a las Ganancias: en 2026 se prevé recaudar $ 4,3 billones que podrían superar los $ 5 billones si los jueces pagaran este tributo.

Dentro del mismo cuadro aparece otro monto de peso específico: las asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas, que también están exceptuadas de Ganancias, lo que representa una pérdida similar para el Tesoro, de $ 868.914 millones para 2026. 

Aunque se trata de entidades de naturaleza distinta al Poder Judicial, su presencia en el mismo cálculo permite dimensionar el volumen total de beneficios fiscales existentes, y también comprender por qué en distintos sectores aparecen operaciones canalizadas a través de mutuales o fundaciones: los regímenes especiales y las exenciones impositivas generan incentivos que, en algunos casos, terminan siendo utilizados para estructurar movimientos financieros o patrimoniales aprovechando ese marco más benigno.

Sumados los conceptos de magistrados, más las mutuales y fundaciones, el Tesoro dejará de recaudar el próximo año $ 1,75 billones, el equivalente a U$S 1.250 millones, cifra que supera el resarcimiento histórico que cobró Mendoza por la prórroga irregular de la promoción industrial.

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Sólo algunos jueces pagan Ganancias

Después de décadas en debate por la intangibilidad del salario de los jueces que garantizaría la propia Constitución, en 2017 se dispuso por ley que los magistrados designados a partir de ese año sí debían pagar Impuesto a las Ganancias, pero la obligación alcanzó únicamente a quienes ingresaron al Poder Judicial desde entonces. 

Por lo tanto, los jueces y funcionarios que ya estaban en sus cargos quedaron exceptuados por el criterio de "intangibilidad salarial", que históricamente se interpretó como una prohibición de aplicarles nuevos impuestos. Esa diferencia generó un sistema dual que sigue vigente: los nuevos pagan, los anteriores no.

A esto se suma que muchos ascensos dentro del Poder Judicial no se consideran "nuevos nombramientos", sino continuidades de la carrera judicial, por lo que tampoco obligan a tributar. 

Este caso se grafica claramente en la Suprema Corte de Mendoza: Dalmiro Garay paga Ganancias porque su arribó al máximo tribunal coincidió con su ingreso al Poder Judicial, en 2018, un año después de la sanción de la ley. Del resto ninguno debería pagar porque todos ingresaron al Poder Judicial antes de 2017, pero según pudo verificar el Post Teresa Day sí tributa porque renunció al beneficio.  

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Todas las exenciones en el Presupuesto 2026:

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