La expresidenta apeló ante la Cámara de Casación. En caso de que no fallen a su favor, todavía le queda la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
CFK agota los recursos para que le saquen la tobillera
Cristina Kirchner agotará todos los recursos judiciales para lograr que le retiren la tobillera electrónica y se levanten las restricciones de visitas en su domicilio de Constitución. La ex presidenta apeló ante la Cámara de Casación y, si no obtiene un fallo favorable, llevará su planteo directamente a la Corte Suprema de Justicia.
El pedido fue presentado por su abogado, Carlos Beraldi, luego de que la Sala IV de la Cámara de Casación Federal ratificara las condiciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). Entre ellas, el uso del dispositivo de control y la obligación de que las visitas sean autorizadas previamente por el juez Jorge Gorini, salvo familiares, abogados, médicos y custodios incluidos en una lista oficial.
Mientras cumple en San José 1111 la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa Vialidad, Cristina sostiene que la vigilancia electrónica es innecesaria ya que cuenta con custodia policial permanente. "No existen razones objetivas para presumir riesgo de fuga", argumentó en su momento el juez Mariano Borinsky, que votó en minoría para eliminar la medida.
Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña coincidieron en que tanto la tobillera como las autorizaciones previas para visitas "encuentran sustento legal en el marco normativo vigente y resultan adecuados para asegurar el control judicial efectivo del cumplimiento penal". También señalaron que la presencia policial "no sustituye la función de seguimiento que corresponde exclusivamente al Poder Judicial".
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En cuanto a las restricciones de visitas, Hornos y Barroetaveña remarcaron que responden también a "una cuestión de seguridad personal" de la ex mandataria, quien había solicitado la prisión domiciliaria alegando riesgos sobre su integridad física. "Una flexibilización excesiva afectaría no sólo la eficacia del cumplimiento, sino también el mensaje normativo" en un caso de corrupción, argumentaron.
Borinsky, en cambio, consideró que exigir autorización para cada visitante "configura una restricción desproporcionada" e incluso "más gravosa que la que rige para una persona detenida en una unidad penitenciaria".
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El fiscal Diego Villar respaldó el uso de la tobillera como una herramienta habitual en condenas por corrupción con arresto domiciliario. Un informe médico ordenado por el TOF 2 determinó que no hay impedimento alguno para que Cristina continúe portando el dispositivo.
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