El Máximo Tribunal dejó firme la expulsión de la comunidad Lof El Sosneado de un predio en el sur de Mendoza, en favor de una empresa minera. Cornejo celebró la resolución y aseguró que "se cierra un capítulo marcado por arbitrariedades".
La Corte Suprema avaló el desalojo de los pseudomapuche de San Rafael
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la orden de desalojo de Nilda Edith Verón y de la denominada Comunidad Mapuche Lof El Sosneado, al rechazar el recurso extraordinario con el que intentaron revertir el fallo de la justicia mendocina que favoreció a la empresa Sociedad Minera Argentina (SOMINAR) S.A.
La decisión del Máximo Tribunal -que lleva la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- desestimó el planteo de la defensa de Verón mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
De esta forma, quedó operativa la sentencia de la Segunda Cámara de Apelaciones en lo Civil de Mendoza, que había ordenado el desalojo del predio conocido como Estancia El Sosneado, en el departamento de San Rafael.
El conflicto se remonta a una demanda iniciada por SOMINAR S.A., empresa que afirmó haber adquirido el dominio del campo de aproximadamente 3500 hectáreas en 1942. Según la firma, el terreno fue arrendado históricamente a distintos locatarios. Uno de ellos fue Quintín Verón, padre de la demandada, quien comenzó a ocupar el predio en 1980. Tras su muerte en 2007, su esposa e hijas continuaron con el contrato de locación. Sin embargo, tiempo después Nilda Verón se negó a renovar el acuerdo y a pagar el canon, argumentando derechos posesorios sobre tierras "comunitarias y ancestrales".
En paralelo, la comunidad Lof El Sosneado se presentó en el expediente como tercero coadyuvante, señalando que Verón era parte de un grupo indígena con arraigo histórico en el lugar. Sin embargo, tanto la Justicia provincial como ahora la Corte Suprema consideraron que no se acreditaron los requisitos exigidos por la Ley 26.160 -que protege la ocupación territorial de comunidades originarias- para suspender el desalojo.
La causa se enmarca en un conflicto más amplio entre la Nación y la Provincia por la entrega de tierras en el sur mendocino. En 2023, bajo la gestión de Alberto Fernández, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) había reconocido la personería jurídica de varias comunidades mapuches en Malargüe y San Rafael, y cedido cerca de 21 mil hectáreas. Entre ellas, se encontraba el Lof El Sosneado.
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Cornejo: "Se cierra un capítulo marcado por arbitrariedades"
Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, el gobernador Alfredo Cornejo celebró públicamente la resolución y volvió a criticar la gestión anterior por haber "legitimado una ocupación sin sentido".
"La Corte Suprema rechazó el último recurso con el que quisieron adueñarse de 3500 hectáreas en el sur de Mendoza haciéndose pasar por comunidad mapuche Lof El Sosneado. Esta decisión, que sustenta la posición de los legítimos dueños de las tierras, se complementa con la decisión que conseguimos torcer este año", expresó el mandatario en su cuenta de X.
Cornejo también apuntó contra el reconocimiento de comunidades sin respaldo territorial real. "El fallo confirma lo que ya indicaban los antecedentes históricos: esta comunidad no tiene raíces ni posesión ancestral en nuestra provincia ni en el país. Vamos a seguir protegiendo a las comunidades originarias auténticas sin permitir abusos que desvirtúen sus derechos", aseguró.
La Corte Suprema rechazó el último recurso con el que quisieron adueñarse de 3500 hectáreas en el Sur de Mendoza haciéndose pasar por comunidad mapuche Lof El Sosneado. Esta decisión que sustenta la posición de los legítimos dueños de las tierras, se complementa con la...
— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 22, 2025
La decisión fue impugnada por el Gobierno de Mendoza, que denunció irregularidades técnicas y jurídicas, y advirtió que se trataba de una intromisión en la autonomía provincial.
"Las tierras fueron otorgadas entre gallos y medianoche por el gobierno saliente", había asegurado Avruj en diálogo con Radio Post ese entonces, en línea con la denuncia penal presentada por el fiscal Carlos Stornelli. En abril, el gobernador Alfredo Cornejo y el propio Avruj firmaron un acuerdo para reforzar la participación provincial en las decisiones del INAI.
La resolución de la Corte pone fin a un extenso litigio que enfrentó al Estado mendocino con organismos nacionales, y reafirma la potestad de la Provincia sobre el control de su territorio.
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