Más allá del fallo que les da a los presos la posibilidad de tener celulares, el gobernador tiene en su escritorio otros posibles causales de destitución contra el juez. Este fin de semana definirá si formaliza el pedido de jury.
Las pruebas que, para Cornejo, justificarían un jury contra el juez Sarmiento
El fallo del juez de Ejecución Penal Sebastián Sarmiento, que dio lugar a un habeas corpus y ordenó interrumpir el retiro de celulares de las cárceles y otras medidas llamativas, como el acondicionamiento de cabinas que garanticen la privacidad de los internos, generó malestar en Casa de Gobierno y, a diferencia de otras decisiones controvertidas, esta vez podría haber una reacción oficial: un pedido de jury contra el magistrado.
"Se está estudiando. El gobernador aún no lo tiene definido", respondieron desde el entorno de Alfredo Cornejo. Más temprano, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, analizaron el reciente fallo de Sarmiento para presentar una apelación, pero los mismos argumentos podrían usarse para un pedido de jury: una extralimitación de sus funciones y avasallamiento de las atribuciones propias del Poder Ejecutivo, entre otros.
Pero el eventual pedido de jury de enjuiciamiento contra Sarmiento incluirían otros casos como argumentos: los asesinatos del expolicía Héctor Pelayes en 2024 y del empresario Héctor Quiroga en 2019 en manos de delincuentes a los que el juez les había otorgado una libertad anticipada, según el Gobierno, deforma irregular.
El crimen de Héctor Pelayes ocurrió el 1 de septiembre de 2024 en Guaymallén. El autor fue Roberto Carlos Pereyra Cruz, de 39 años, quien contaba con una condena firme por homicidio en ocasión de robo. A pesar de que el Código Penal prohíbe otorgar la libertad condicional en estos casos (artículo 14), el juez Sarmiento dictó su excarcelación en abril de 2023, tras declarar inconstitucional esa disposición legal.
La decisión fue aún más polémica porque el equipo interdisciplinario del Servicio Penitenciario había recomendado no conceder la libertad a Pereyra Cruz, advirtiendo sobre riesgo de reincidencia. Sarmiento desestimó esos informes técnicos y priorizó los antecedentes de conducta carcelaria del interno. Meses después, el crimen confirmó los peores pronósticos.
El caso Quiroga: advertencias desoídas y otra víctima fatal
En 2019, el empresario Héctor Osvaldo Quiroga fue asesinado en Maipú por Cristian Segundo Reina Flores, quien había recuperado la libertad en 2017 por decisión de Sarmiento. Reina Flores tenía una condena a 12 años por robo agravado con arma en poblado y en banda, y fue liberado con apenas cinco años cumplidos de condena, en contra de la opinión del Consejo Correccional, el Ministerio Público Fiscal y el equipo criminológico del penal.
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Dos años después, Reina ingresó a robar con cómplices a la casa de Quiroga y lo mató de dos disparos cuando la víctima intentó resistirse.
Caso Luisito 420
Si bien no sería argumento en un eventual pedido de jury, en el Ministerio de Seguridad y Justicia no ocultaron su malestar por otro hecho reciente: la liberación sin juicio del motociclista influencer Luis Fernando Arce, más conocido como Luisito 420. Fue detenido el 26 de marzo de 2025 por conducir una moto robada y hacer maniobras temerarias en Las Heras. La causa quedó caratulada como encubrimiento y conducción peligrosa, delito penal tipificado en el artículo 193 bis del Código Penal.
A pesar de las evidencias y de los antecedentes por su participación en caravanas ilegales de motociclistas, Sarmiento le otorgó una suspensión de juicio a prueba por un año, evitando así una condena y la generación de antecedentes penales.
Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, ya se había presentado una denuncia formal contra los participantes de la caravana de motos del 10 de marzo, en la que Arce también habría intervenido. El mensaje fue claro: el Gobierno considera que el juez no actuó con la firmeza que ameritaba el caso.
El Gobierno apunta a la "desobediencia institucional"
En el entorno del gobernador afirman que hay un patrón en las decisiones de Sarmiento: la desobediencia sistemática a los informes técnicos, a las advertencias del Ministerio Público y al propio texto del Código Penal. "No puede ser que un juez se arrogue la facultad de declarar inconstitucional una norma clara del Código y eso termine con muertos", dijo una fuente oficial.
Cornejo ya pidió a sus equipos jurídicos y políticos un informe integral sobre las resoluciones del magistrado y sus consecuencias. Si el pedido se formaliza, será la Comisión de Enjuiciamiento quien evalúe si hay mérito para iniciar un proceso disciplinario.
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