El tribunal investiga el mecanismo de entrega dinero a cambios de favores.
Acusan a ejecutivos de Cartellone por diez hechos de cohecho activo
La constructora José Cartellone Construcciones Civiles S.A. y varios de sus principales directivos enfrentan imputaciones formales por su presunta participación en la denominada Causa Cuadernos, expediente CFP 13816/2018/TO1 y conexos.
Durante las audiencias del juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 (TOCF 7), el Ministerio Público Fiscal detalló el rol atribuido a la empresa dentro de una supuesta estructura destinada a recaudar fondos ilegales para funcionarios públicos.
La acusación, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que los ejecutivos habrían realizado entregas sistemáticas de dinero a funcionarios nacionales para obtener beneficios o evitar perjuicios vinculados con obras y contratos estatales, configurando así el delito de cohecho activo.
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Cinco referentes de la empresa fueron alcanzados por las imputaciones:
Tito Biagini (86): Presidente del directorio. Imputado como coautor de diez hechos de cohecho activo.
Gerardo Cartellone (67): Director entre 1997 y 2009. Imputado como coautor de diez hechos de cohecho activo.
José Gerardo Cartellone (73): Responsable de la compañía. Imputado como coautor de diez hechos de cohecho activo.
María Rosa Cartellone (75): Presidente entre febrero de 2007 y mayo de 2009. Imputada como coautora de diez hechos de cohecho activo.
Hugo Alfredo Kot (69): Integrante de la firma. Imputado como partícipe necesario en los mismos diez hechos.
La estructura señalada en el expediente
La hipótesis fiscal reconstruye una estructura jerarquizada que habría funcionado durante más de una década y que incluía a funcionarios de alto rango:
La jefa: Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Nación.
Los organizadores: Julio De Vido, exministro de Planificación Federal; y Roberto Barata, exsubsecretario de Coordinación.
Los recaudadores: Roberto Barata y de su secretario, Nelson Javier Lazarte.
Para el Ministerio Público Fiscal, los pagos atribuidos a Cartellone no fueron aportes aislados, sino parte de un sistema paralelo de favores ilegales que funcionaba como llave de acceso a decisiones críticas del Estado. Los sobornos habrían actuado como herramientas para garantizar adjudicaciones, permitir la continuidad de obras o evitar demoras que pudieran perjudicar a la empresa.
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