El Ministerio de Desregulación cambió artículos clave de las leyes de comunicación audiovisual y telecomunicaciones.
El gobierno modificó las condiciones para obtener licencias de TV y TIC
El gobierno tomó la decisión de realizar una serie de cambios en el ámbito de la reglamentación de servicios de comunicación. Las mismas se presentaron mediante el Decreto 433/2025, publicado en el Boletín Oficial.
De esta manera, el gobierno modificó los artículos 95 de la Ley 27.078 y 30 de la Ley 26.522, con el objetivo de agilizar el otorgamiento de licencias de servicios TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y de radiodifusión por suscripción.
La medida elimina el procedimiento de oposición ante el ENACOM, considerado obsoleto, y simplifica el acceso al mercado, especialmente para cooperativas y entidades sin fines de lucro.
La norma busca reducir trabas administrativas que dilataban el ingreso de nuevos operadores al sector. En esa línea, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que con esta reforma "se corrige una anomalía por la que la casta empresaria lograba usar al Estado, incluso a la Comisión de Defensa de la Competencia, para restringir la competencia".
Y agregó que resultaba insólito que una cooperativa de servicios no telefónicos necesitara un dictamen de la CNDC para poder ofrecer televisión por cable.
La norma, en línea con los principios de simplificación administrativa y estímulo a la inversión privada, elimina pasos burocráticos que, según el Gobierno, generaban demoras innecesarias y desalentaban el ingreso de nuevos operadores.
Además, el nuevo marco establece obligaciones claras para quienes prestan servicios de comunicación vinculados a concesiones públicas, como mantener unidades de negocio separadas y evitar prácticas anticompetitivas.
Estos cambios se apoyan en las facultades otorgadas al Poder Ejecutivo por la Ley de Bases (N.º 27.742), que declaró la emergencia pública en diversas materias. El decreto también fortalece la función del ENACOM en la fiscalización de condiciones de mercado y acceso a infraestructura, y destaca como prioridad la calidad del servicio y la transparencia para los consumidores finales. La medida ya rige desde su publicación en el Boletín Oficial.
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