La marinera estuvo dos semanas en terapia intensiva.
Procesaron a seis miembros de la Armada por el ataque a Brisa Páez
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado procesó a seis integrantes de la Armada Argentina por atacar a Brisa Páez, quien se desempeñó como Marinera Segundo de Tropa Voluntaria. La joven sufrió graves lesiones por parte de sus superiores durante un entrenamiento el pasado 4 de abril.
A raíz del ataque, la joven de 21 años estuvo en coma inducido durante dos semanas en terapia intensiva. En la causa, los jueces intervinientes plantearon que se incorpore el elemento de "violencia de género", ya que uno de los imputados es la ex pareja de la víctima.
Incluso, para los fiscales, los seis acusados "ejercieron un nivel de agresividad superior al previsto en el Reglamento de Seguridad de la Armada, así como al nivel de conocimiento que el cargo de la víctima exigía (nivel mínimo), generando una situación de violencia excesiva".
Se constató luego de la investigación que la ex pareja fue quien le tiró una patada al cuerpo de Páez durante el entrenamiento, motivo por el cual quedó procesado con prisión preventiva por los delitos de lesiones graves triplemente agravadas: por haber sido cometidas contra quien mantuvo un vínculo sentimental, mediando alevosía y violencia de género, en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario.
En tanto, los otros cinco involucrados fueron procesados por el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Al superior que estaba a cargo de la preparación militar se le sumó el delito de lesiones culposas.
Además, la jueza Salgado determinó la prohibición de contacto entre los imputados con la víctima. Incluso elevó al Ministerio de Defensa, conducido por el ministro Luis Petri, y al presidente de la Comisión Unicameral de Defensa Nacional del Honorable Senado de la Nación Argentina, un oficio para informar los graves hechos investigados en los que se encuentran comprometidos derechos fundamentales en el contexto de "evidente ejercicio de violencia institucional y violencia de género" por parte de superiores jerárquicos.
Según la magistrada esto "reflejan, una preocupante distancia entre las prácticas institucionales observadas y las exigencias legales, convencionales y constitucionales vigentes en materia de derechos humanos".
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