La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que el Estado argentino es responsable por el accionar policial de Mendoza en la desaparición y posterior ejecución de los dos hombres a mediados del año 2000.
La CIDH condenó al país por los crímenes de Zambrano y Rodríguez en Mendoza
Este martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José, Costa Rica, notificó la Sentencia del Caso Zambrano, Rodríguez y otros Vs. Argentina.
En este fallo, la Corte declaró la responsabilidad internacional de la República Argentina por las violaciones a derechos humanos cometidas en el año 2000 en la provincia de Mendoza. Las víctimas fueron José Segundo Zambrano y Pablo Marcelo Rodríguez, así como sus familiares.
Conclusiones principales de la Corte
Desaparición Forzada y Ejecución: la Corte concluyó que los señores Zambrano y Rodríguez fueron víctimas de desaparición forzada y posteriormente fueron ejecutados.
Participación de Agentes de Policía: en estos ilícitos participaron directamente agentes de policía de la Provincia de Mendoza.
Además, el Tribunal determinó que las autoridades internas no actuaron con la debida diligencia en el esclarecimiento de los hechos, por lo que la situación de impunidad en la investigación de lo sucedido aún prevalece.
Derechos violados
La Corte declaró que Argentina violó varios derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas:
En perjuicio de Zambrano y Rodríguez:
-Derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal (Artículos 3, 4.1, 5.1 y 7.1 de la CADH).
-Derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial (Artículos 8.1 y 25.1 de la CADH).
En perjuicio de Zambrano, Rodríguez y sus familiares:
-Derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial (Artículos 8.1 y 25.1 de la CADH), en relación con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
En perjuicio de los familiares:
-Derecho a la verdad (Artículos 8.1, 13.1 y 25.1 de la CADH).
-Derecho a la integridad personal (Artículo 5.1 de la CADH).
Además, se declaró la afectación de su proyecto de vida.
Medidas de reparación ordenadas
A causa de estas violaciones, la Corte ordenó al Estado argentino implementar diversas medidas de reparación, incluyendo la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos del caso.
El caso
Hechos de la desaparición: José Segundo Zambrano (28 años) y Pablo Marcelo Rodríguez (25 años, amigo de Zambrano) fueron vistos por última vez a fines de marzo de 2000. Zambrano era informante de la Policía.
El rastro: El automóvil de Zambrano, un Peugeot 205, fue hallado cuatro días después con manchas de sangre. Investigaciones y testimonios sugirieron que ese día Zambrano iba a reunirse con policías para entregarles información sensible, e iría acompañado de Rodríguez.
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Repercusión pública: La exposición constante del caso por parte de los familiares y la prensa generó presión sobre el Gobierno de Roberto Iglesias. Se llegó a ofrecer una recompensa de cuarenta mil pesos por información.
El hallazgo: Finalmente, en julio de 2000, un aviso a cambio de la recompensa llevó a la localización de los cuerpos. Fueron encontrados semienterrados en el piedemonte de Godoy Cruz, una zona conocida como el autódromo Los Barrancos.
Autopsia: La autopsia reveló que Zambrano recibió un disparo en la cabeza, mientras que Rodríguez recibió dos tiros (en la cabeza y el cuerpo). Ambos habían sido golpeados salvajemente.
Situación judicial: Por los crímenes fueron detenidos el policía Felipe Gil Fernádez y Mario Díaz. Sin embargo, ambos fueron juzgados y liberados por la Séptima Cámara del Crimen por el beneficio de la duda y falta de pruebas. Gil Fernández, pese a perder su trabajo, ganó un juicio millonario.
Impunidad: Las autoridades políticas y judiciales jamás lograron determinar quién mató a Zambrano y Rodríguez, y el caso se considera impune en el ámbito interno, lo que llevó a la determinación de la CIDH.
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