Cabezas, 29 años después: entre la impunidad y lo que la Justicia "evitó" investigar

Este domingo se cumplen 29 años del asesinato de José Luis Cabezas, fotógrafo y periodista gráfico que se convirtió en un símbolo del periodismo  en Argentina. Su muerte, perpetrada el 25 de enero de 1997, no sólo conmocionó al país, sino que reveló una íntima y oscura relación entre poder económico, político e instituciones del Estado.

Antes de ser asesinado, Cabezas había logrado un registro que parecía imposible: una foto de Alfredo Yabrán. El empresario, vinculado a numerosos negocios y deliberadamente "invisible", se jactaba de que "ni la SIDE" tenía una imagen suya. En febrero de 1996, Cabezas lo retrató caminando por una playa de Pinamar. La fotografía fue tapa de la revista Noticias y quebró el hermetismo que Yabrán había construido durante años.

Menos de un año después, tras cubrir una fiesta privada también en Pinamar, Cabezas fue secuestrado, torturado y asesinado. Su cuerpo apareció dentro de su auto, incendiado, en una cava de General Madariaga: estaba esposado, con dos disparos en la cabeza.  

 El crimen expuso una trama de violencia y encubrimientos que involucró a policías bonaerenses, civiles y al entorno del poderoso empresario Alfredo Yabrán, señalado como autor intelectual. La causa judicial derivó en un juicio oral entre 1999 y 2000, con diez imputados. 

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 Ocho personas fueron condenadas, pero con el paso de los años las penas se redujeron y hoy ninguna está presa por el crimen. Yabrán, principal sospechoso de haberlo ordenado, se suicidó en 1998 antes de ser detenido. A casi tres décadas del asesinato, el caso Cabezas sigue siendo una herida abierta por el derrotero de las condenas y por las responsabilidades no investigadas. 

Entre sombras

Hace unos años, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicaron un informe  sobre el juicio por el asesinato de José Luis Cabezas. El documento, elaborado a partir de su participación en el debate oral, analiza los alegatos, la sentencia y, sobre todo, los límites de la investigación judicial.

ARGRA -la entidad a la que pertenecía Cabezas- se presentó en febrero de 1998 ante el Juzgado de Dolores para intervenir como particular damnificada. El 18 de septiembre la Cámara de Apelaciones le reconoció la personería y pudo participar del juicio oral. En diciembre de ese año firmó un convenio con el CELS para recibir asistencia técnica y patrocinio jurídico, y ambas organizaciones acompañaron el proceso con análisis y observaciones.

En el documento, ambas organizaciones reconocen que el juicio logró condenas y visibilizó las redes de poder detrás del crimen, pero advierten que la investigación dejó "zonas sin iluminar". Por eso, el documento incluye un anexo con un listado de personas que, según ARGRA y CELS, debieron ser investigadas y no lo fueron.

La solicitud distingue a dos grupos. El primero incluye a personas señaladas por su posible participación directa o indirecta en el secuestro y asesinato de Cabezas. En este apartado aparecen casi una decena de nombres de oficiales de la Policía Bonaerense cuyas irregularidades fueron acreditadas durante el juicio, pero que nunca fueron juzgados.

Uno de los casos es el de Miguel Alberto Acotto, jefe del Operativo Sol en Pinamar durante la temporada 1996/97. En el juicio admitió que coordinaba el envío de móviles, pero la noche del secuestro de Cabezas no se envió ningún patrullero, pese a que se hicieron dos llamados al 101.

También se menciona a Marta Garén, oficial de la Policía Bonaerense que recibió esos llamados en la comisaría de Pinamar. Según el informe, ella no derivó ningún móvil a la casa de Andreani, aun cuando estaba comprobado que se había solicitado ayuda. Para ARGRA y CELS, esa omisión podría constituir un incumplimiento de sus deberes y, en el extremo, implicar participación en el secuestro y homicidio.

El documento también añade, en forma general, que policías de la comisaría de Pinamar -sin identificar nombres- habrían encubierto el crimen en los días posteriores, por ejemplo desalentando la realización de identikits y minimizando la gravedad del caso.

El segundo grupo incluye a personas que no habrían participado del asesinato, pero sí habrían cometido irregularidades graves durante la investigación. Son una decena de nombres, entre los que también figuran ex oficiales de la Bonaerense, acusados de desviar la causa mediante la fabricación de pruebas, hipótesis falsas, detenciones ilegales, falsos testimonios y violaciones del secreto profesional.

Entre los casos que menciona el informe está la hipótesis que buscó incriminar a una banda de Mar del Plata conocida como "los pepitos", impulsada por funcionarios y ex policías y que, según el documento, terminó siendo una maniobra de encubrimiento. También se alude a funcionarios que habrían confeccionado declaraciones falsas o retenido ilegalmente a personas que ya estaban en libertad.

Los condenados

El juicio oral culminó con la condena de ocho personas -tres de ellas funcionarios de la Policía Bonaerense al momento del hecho- por privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, en concurso ideal con homicidio agravado. 

Fueron condenados Gregorio Ríos (jefe de seguridad de Yabrán, instigador); Gustavo Prellezo (ex comisario bonaerense y autor material de los disparos); José Luis Auge (policía bonaerense en actividad, partícipe primario); Horacio Anselmo Braga (policía bonaerense en actividad, partícipe primario); Sergio Gustavo González (policía bonaerense en actividad, partícipe primario); Miguel Retana (policía bonaerense en actividad, partícipe primario); Sergio Rubén Cammaratta (policía bonaerense en actividad, partícipe primario); y Aníbal Luna (policía bonaerense en actividad, partícipe primario). 

Silvia Belawsky fue absuelta del homicidio y condenada por estafa; Carlos Redruello fue absuelto de la participación en el crimen, aunque se pidió investigarlo por falso testimonio y privación ilegítima de la libertad.

El derrotero de las condenas

Gregorio Ríos, jefe de seguridad de Yabrán, obtuvo prisión domiciliaria en 2006 y fue considerado "condenado cumplido" en 2013. Gustavo Prellezo, ex comisario bonaerense, está libre desde 2010 tras morigeraciones de prisión y obtuvo la libertad condicional en 2017 sin haber cumplido la pena completa.

Silvia Belawsky, ex esposa de Prellezo, cumplió la condena por denuncia falsa. Sergio Gustavo González quedó en libertad en 2005, pero volvió a prisión en 2015 por una causa vinculada al narcotráfico.

Sergio Rubén Cammaratta fue liberado en 2006, regresó en 2012 tras revocación de pena y murió en 2015. Miguel Retana murió en prisión en 2001. Aníbal Luna fue el último en recuperar la libertad.

Horacio Braga, ex policía bonaerense, recuperó la libertad en 2005 y, en enero de 2025, un sobrino de Cabezas lo encontró en un recital en Baradero: Braga le confesó, sin saber su vínculo familiar, que "fue uno de los que mató a Cabezas", un episodio que vuelve a poner en evidencia el sentimiento de impunidad que persiste casi tres décadas después del crimen.

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