La Justicia imputó a una auxiliar de Hacienda por fraude al emitir cheques con la firma del jefe comunal, Fernando Ubieta, que cobraba su esposo. Se trata, hasta ahora, de 14 cheques por $25 millones.
Acusan a municipal de La Paz de falsificarle la firma al intendente en cheques
La Fiscalía de Santa Rosa-La Paz imputó a una empleada de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de La Paz y a su pareja por un presunto fraude de 25 millones de pesos contra el Estado.
La mujer, identificada como Luciana Valeria Díaz fue acusada por el delito de administración fraudulenta contra la administración pública. El esposo, Juan Carlos Alcaraz fue imputado como partícipe necesario.
La denuncia sobre la maniobra detectada fue presentada el 30 de julio por los contadores del municipio, quienes detectaron una serie de irregularidades. La imputación judicial se demoró hasta este jueves 21 de agosto porque la sospechosa se encontraba de viaje por Buenos Aires y estaba en uso de licencia por maternidad.
Fuentes cercanas a la investigación le confiaron al POST que la maniobra comenzó en enero. En ese mes, el intendente Fernando Ubieta estaba de vacaciones. La situación generó un interrogante en la investigación, porque durante el receso del jefe comunal se emitieron 14 cheques con su firma. Durante los meses siguientes, la emisión de cheques y sus respectivos cobros continuaron.
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Estos cheques eran endosados a nombre del esposo de la auxiliar de Hacienda y cobrados por ventanilla en el Banco Nación de La Paz.
La maniobra
La Justicia sospecha que la mujer elaboraba expedientes digitales con órdenes de pago. Al parecer, la empleada realizaba estas tareas durante las tardes, sin la presencia de personal en la sede comunal. Los expedientes se referían a compras y servicios por montos que no requerían licitación. Según las fuentes que dialogaron con el POST, la auxiliar agregaba distintos presupuestos solicitados (que es lo que se exige para erogar montos menores) en los expedientes para luego justificar los pagos.
El fiscal Gustavo Rosas solicitó una pericia contable al Municipio de La Paz. También, el magistrado pedirá un informe al Banco Nación sobre el cobro de los cheques.
La causa se encuentra en la etapa de recolección de pruebas. La pena máxima para el delito de administración fraudulenta es de seis años de prisión. La figura de excarcelable se aplica cuando el delito no excede los ocho años.
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