La educación en tiempos de desafíos sociales

En medio de un panorama nacional que desafía a la población, el inicio de un nuevo ciclo lectivo representa un momento clave para reflexionar y poner en discusión a la educación.

La crisis en Argentina es una especie de fantasma recurrente. Históricamente, en mayor o menor medida, alguno de los grupos sociales se ha visto afectado negativamente por las políticas implementadas por los gobiernos de turno. Y así como recientemente dirigentes políticos (que recuerdan la existencia de la grieta) discuten si el déficit monetario es favorable o no para el crecimiento de la nación, la inflación no deja de ser un monstruo que crece devorando la dignidad de las familias. Solo, por mencionar una de las problemáticas que azotan a la sociedad en su conjunto. Y que directa o indirectamente, repercuten en la educación de nuestros niños y jóvenes.

En el continuo debate sobre la justicia social, cabe reconocer que la construcción de una sociedad verdaderamente justa y "libre" tiene por cimiento la cultura de la educación.

Los que peinamos canas recordaremos a nuestros docentes de la escuela haciéndonos buscar palabras en el diccionario. Pensemos, tal vez, en una clase de Formación Ética y Ciudadana, y la tarea, entre otras cosas, nos lleva a un diccionario de papel para encontrar la definición de justicia. De esta podemos sacar dos acepciones que prolongan el debate: "Principio moral que lleva a determinar que todos deben vivir honestamente" y "derecho, razón y equidad". Lejos de ponernos a analizar detalladamente cada una de ellas, resulta imperativo incluir al tema otro concepto en boga: justicia educativa.

Es cierto que la justicia educativa es un tópico que debe ocupar un lugar crucial en la agenda política. Pero socialmente, ¿qué grado de importancia tiene? Los medios de comunicación, valiéndose de su estatus de cuarto poder, se pronuncian constantemente en temas relativos a la economía y la pobreza, delincuencia y acontecimientos de último minuto. Pero implícitamente, se distingue la relación que existe entre la educación y las problemáticas que se observan, y la sociedad no es ajena a esa consideración.

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Axel Rivas, en una entrevista que "Educar" le realizó en Córdoba, pronunció: "La justicia educativa es una perspectiva desde donde discutir la relación de la educación y la sociedad y de cómo la educación reproduce o combate las desigualdades sociales desde una perspectiva política". Una definición de un investigador contemporáneo de políticas educativas que tensiona el vínculo entre educación y Estado.

Resulta de interés apartar de sus dichos la reproducción o combate de las desigualdades sociales, declarando así el intrínseco valor que se le debe atribuir a la educación en tiempos de desafíos. Y quiérase o no, según el lector lo considere, es menester la real y eficiente intervención del Estado para evitar la segregación y el crecimiento de las brechas que puedan reproducir las desigualdades. Por el contrario, promover la movilidad social, la igualdad de oportunidades y la reducción de las brechas a través del desarrollo personal y colectivo.

Además de la responsabilidad indelegable que tiene el Estado sobre la educación, es oportuno mencionar la participación de otros actores al complejo orbe educativo. Para comenzar, resulta sustantiva la presencia, motivación, acompañamiento, preocupación y ocupación de las familias desde la primera infancia, infundiendo el interés por aprender desde pequeños. A diferencia de las manifestaciones de Rivas sobre la inclusión de los padres a los procesos educativos, considero de gran relevancia su intervención y el favorecimiento de las condiciones necesarias para tal fin. Estos procesos se profundizan en el aula con docentes cuyo rol es fundamental para cultivar el aprendizaje. Y las escuelas, como el espacio de formación gradual para la construcción del pensamiento crítico y la apertura de oportunidades.

En un contexto social vulnerable, el inicio de un nuevo ciclo lectivo, tanto en las escuelas, colegios e institutos, no debe ser visto bajo ninguna circunstancia como una exclusividad protocolar de calendario, sino también, como una nueva oportunidad para reflexionar, repensar y actuar en términos de prioridades sociales, de renovación y reinvención de compromisos y esfuerzos que validen y promuevan una auténtica inclusión y educación de calidad.