El kirchnerismo blindó a las universidades contra el control real del gasto, y hoy los rectores disfrutan de recursos crecientes sin auditoría efectiva, amparados en la autonomía y en un sistema hecho a su medida.
Che pibe, vení, marchá
El kirchnerismo, el 11 de noviembre de 2015, días después de perder las elecciones de octubre contra Macri y un mes antes de dejar el poder, modificó a las apuradas la ley de Educación superior, dejando al gobierno entrante sin posibilidad de controlar el gasto en las universidades, a través de la Sindicatura General de la Nación.
Lo maniobra se hizo introduciendo a través de la ley 27.204, el artículo 59 bis, a la ley de educación superior nº 24.521. El mismo, le otorga de manera "indelegable", el control externo de las universidades a la Auditoría General de la Nación (AGN) y el control interno a las mismas universidades. La trampa está en que la AGN es un organismo presidido por la oposición, actualmente su titular es el kirchnerista Juan Manuel Olmos y sus otros seis miembros son designados por las cámaras del Congreso, según las respectivas mayorías legislativas, generalmente favorables al peronismo. Es decir, internamente "se controlan" ellas mismas, y externamente, a través de un organismo con nula vocación de auditar a las universidades. El resultado, es que no hay ningún control sobre esos recursos públicos.
En octubre de 2024, el gobierno del presidente Milei, a través del Procurador del tesoro dictó una resolución habilitando a la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) a auditar a las universidades, basándose en la ley de Administración financiera nº 24.156, que regula los sistemas de control en el sector público. Era un avance para lograr mayor transparencia.
La respuesta de las universidades para resistir al control real, llegó rápidamente. En noviembre de 2024, se reunió el Consejo Interuniversitario, que agrupa a todas las universidades nacionales del país. Este organismo resolvió, en nombre de la "autonomía universitaria", no admitir controles de la SIGEN y determinó que el único organismo que las puede auditar es la Auditoría General de la Nación, resistiendo el control por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, no se dejarían auditar seriamente.
No obstante, la SIGEN en cumplimiento de lo dispuesto por la Procuración del tesoro, pidió los informes pertinentes a la UBA para auditar sus gastos. La Universidad se negó a brindar ninguna información. Entonces la SIGEN solicitó una medida cautelar a la justicia para poder avanzar. El pasado mes de agosto la justicia rechazó el pedido, hasta que no se resuelva la cuestión de fondo.
Este mes, ambas cámaras del Congreso, rechazaron con 2/3 de los votos, el veto del presidente a la ley de financiamiento universitario, que lo obliga a incrementar las partidas a las universidades, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal. Es decir, los rectores lograron en estos últimos dos meses, que la justicia les garantice que no los auditen y que el Congreso les dé más recursos. El mejor de los mundos para ellos. Quien piense que gobernar este país es fácil para el no peronismo, está realmente equivocado.
Esta es la situación hasta el presente. La excusa que ponen los rectores para no rendir cuentas, es que ellos sólo rendirán cuentas ante la AGN y como el Congreso no ha nombrado a los seis consejeros, por eso no hay control. Esta hipocresía es la que han sostenido en los últimos días en distintos programas de TV, a los que asistieron para reforzar la marcha convocada. Saben que ese organismo, nunca los ha controlado rigurosamente, ni los controlará.
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Con estas maniobras, el kirchnerismo complementó lo que había hecho unos años antes, creando decenas de universidades en el conurbano, que funcionan como aspiradoras de recursos públicos sin control. También hay que decir, que son socios en esta estrategia espuria, conocidos dirigentes del radicalismo de Buenos Aires, que manejan a sus anchas la Universidad de Buenos Aires desde hace décadas.
Para dimensionar el despilfarro de los recursos públicos destinados a la educación superior sin ninguna planificación ni control, sólo basta enumerar las "universidades nacionales" creadas durante los gobiernos kirchneristas en la Provincia de Buenos Aires: Moreno, Avellaneda, San Antonio de Padua (del Oeste), Junín (del Noroeste), Arturo Jauretche, José C. Paz, Hurlingham, San Isidro (Scalabrini Ortiz), Burzaco (Guillermo Brown), San Antonio de Areco, Tigre (del Delta), Pilar, Ezeiza y de Madres de Plaza de Mayo. Estas se sumaron a las universidades nacionales de La Matanza, Quilmes, General Sarmiento, General San Martìn, Tres de Febrero, Lanús, creadas durante el menemismo y a las de Lomas de Zamora, Luján, Tandil (del Centro), Mar del Plata, La Plata, Bahía Blanca y Universidad de Buenos Aires, creadas con anterioridad.
Por eso no alcanza el presupuesto universitario, que para el año próximo será de 2.700 millones de dólares, la tercera partida más alta del presupuesto nacional. Cifra superior a la invertida por Japón, Israel o Irlanda y similar al resto del G20 en términos de PBI, pero con resultados muy inferiores en cantidad de egresados. Los magros resultados responden a la mala organización del sistema, que suma 4.351 directivos, con jugosos sueldos, 160 mil profesores y 56.438 no docentes. Además, los directivos universitarios, en nombre de la autarquía, pueden gastar en lo que se les ocurra el dinero público que reciben. Qué podría salir mal?
Una buena política universitaria, hubiese planificado, creado en todo caso, subsedes de universidades que impartieran distintas carreras, pero no 30 universidades, muy cerca unas de otras, todas con autonomía para dictar las carreras que se les ocurra, aunque se ofrezca la misma a pocos kilómetros en otra universidad pública. Sin ningún control de gastos. Por supuesto, todo pagado con los impuestos carísimos que hay en este país o con la inflación típica de los gobiernos populistas.
Por eso, cuando observé las marchas por la "defensa de la educación pública" convocadas por la oposición y los rectores, unos para dañar al gobierno y volver al poder y los otros, para solicitar más recursos que gastan sin control y viendo que a las mismas asistían de buena fe muchos jóvenes, sin saber que en realidad estaban marchando para defender un sistema oscuro que dilapida los recursos de propia la educación pública, recordé la ochentosa canción de Raúl Porchetto "Che pibe, vení votá", que habla de cómo algunos inescrupulosos se valen de la juventud para defender sus espurios intereses.
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