Luego de la marcha, el espacio oficialista presentó un proyecto que equipara las sanciones que los representantes gremiales pueden recibir por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito a las de los funcionarios públicos.
Cambiemos quiere endurecer sanciones para sindicalistas corruptos
Un día después de la multitudinaria marcha que encabezó el líder camionero Hugo Moyano, Cambiemos presentó hoy en la Cámara baja un proyecto que equipara las sanciones que los representantes gremiales pueden recibir por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito a las de los funcionarios públicos.
La iniciativa, que cosecha la firma de una veintena de diputados oficialistas, es encabezada por el radical Luis Petri y pretende que los cambios queden plasmados en el proyecto de reforma del Código Penal que el Gobierno planea remitir al Congreso en breve.
Se proponen penas de entre 3 a 10 años por los delitos de cohecho y tráfico de influencias y de 4 a 10 años por enriquecimiento ilícito.
La comisión de ambos delitos también supone la inhabilitación especial perpetua, y en el caso particular de enriquecimiento ilícito se establece una multa de entre el 50 y el 100 por ciento del monto obtenido ilícitamente.
Marcelo Balcedo, detenido por corrupción.
Por otra parte, el proyecto contempla modificaciones a la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, de manera tal que quien tenga intenciones de integrar los órganos de dirección de los gremios deban presentar "una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días hábiles desde la asunción", y otra actualizada una vez que abandone el cargo.
"La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero", señala el texto.
En caso de que el gremialista omitiera presentar la declaración jurada en el plazo de 15 días posteriores a dejar el cargo, "no podrá ejercer nuevamente la función, sin perjuicio de las otras sanciones que pudieren corresponder".
El proyecto se presentó luego de la masiva marcha sindical.
En un comunicado, Petri afirmó que "el sindicalismo argentino no puede estar al margen de la ley", y en este sentido agregó que "sus dirigentes deben rendir cuentas, ser investigados y sancionados en caso de cometer actos de corrupción".
