La reunión tendrá lugar el martes a las 15 en Buenos Aires.
Cornejo se reunirá con el gobernador de La Pampa por el Río Atuel
Los gobernadores de La Pampa y Mendoza se reunirán el martes en la ciudad de Buenos Aires para tratar la resolución de la Corte Suprema de Justicia advirtiendo que el corte del río Atuel por parte de la provincia cuyana generó "daño ambiental", informaron autoridades locales.
“La resolución de la Corte es importante porque determina que existe claramente un daño ambiental en La Pampa a partir del corte del Atuel y que es necesario reconstruir el medio ambiente en la zona, con la recuperación de un caudal de agua en lo inmediato”, dijo el secretario de Recursos Hídricos local, Javier Schlegel.
El funcionario confirmó que el martes a las 15 se reunirán el gobernador pampeano, Carlos Verna, con su colega de Mendoza, Alfredo Cornejo y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Este encuentro estaba previsto inicialmente para el pasado miércoles, pero se reprogramó por problemas de agenda del mandatario cuyano.
Cornejo se reunirá con el gobernador de La Pampa por el Río Atuel.
“En la reunión del Consejo de Gobierno de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) se tratarán los pedidos de la Corte", dijo Schlegel a Télam y señaló que el máximo tribunal todavía debe resolver el resarcimiento económico que planteó La Pampa por el corte del río.
El 1 de diciembre, la Corte Suprema dictó una resolución en la que fijó un plazo de 120 días para que se presente, para su aprobación, un plan de tareas para la solución del conflicto que mantienen ambas provincias.
Continua el conflicto por el Río Atuel.
A partir de la demanda presentada en mayo de 2014 por el gobierno pampeano, también se dispuso que en 30 días se fije un caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema que resultó afectado en el noroeste de La Pampa.
La demanda se basó en el incumplimiento del gobierno mendocino a un fallo de 1987, que lo obligaba a negociar y celebrar convenios para regular el uso del agua.
En 2016 la problemática llegó a Naciones Unidas, cuando representantes de esa organización señalaron que la situación atentaba "contra el derecho humano al agua".
