Dura pelea por las compras en Seguridad

¿Se quedaron dormidos los diputados radicales? ¿El compromiso K que firmó el PJ en campaña se coló en la discusión? ¿Hay una idea opositora de “boicotear” la Seguridad, o el oficialismo abusa del poder discrecional que brinda una ley de emergencia?

En los sótanos del poder mendocino hay una pelea que lleva algunas semanas, y que se expondrá hoy en toda su magnitud en una reunión de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Provincia, con funcionarios del ministerio de Seguridad. Hasta allí irán Hugo Sánchez y Diego Lázaro, jefe de gabinete del ministerio que comanda Gianni Venier, y el director de administración, respectivamente. Muy probablemente, ocurra en esa reunión desde las 11 de la mañana en la Sala 4 de comisiones, de la calle Espejo, un diálogo de sordos.

La pelea entre el gobierno y el PJ por la emergencia de seguridad parece trascender los alcances mismos de la ley, para transformarse en uno de los escenarios más de la campaña. Para entenderlo, hace falta algo de contexto.

En marzo del año pasado, pocos meses después de asumir y con el Estado aún desquiciado por el final de ciclo de la gestión justicialista, Alfredo Cornejo consiguió que la Legislatura de Mendoza aprobase una “Ley de Emergencia” (La 8.842), con amplios poderes para acelerar mecanismos de compras, con sistemas “directos” de presentación de oferentes, crédito por más de 560 millones de pesos, y otras facilidades de administración. La diferencia entre este tipo de procesos y una licitación normal, básicamente, es la de los controles cruzados y derechos de apelación entre las empresas, y el rigor con que el propio Estado sigue cada proceso, aunque la Fiscalía de Estado “da vista” a cada compra. Una diferencia importante es la del tiempo, además. “En la práctica, significa que un proceso de compra que licitando lleva nueve meses, con este proceso podemos hacerlo en dos o tres meses” explican el Ministerio de Seguridad.

Pero la prórroga de esta ley, contemplada incluso en su texto original publicado en el boletín oficial el 3 de marzo de este año, tuvo un tropiezo. Por alguna razón, el oficialismo no la trató antes de su vencimiento, el 3 de este mes, y por lo tanto ahora el peronismo amenaza con “exigir los dos tercios para tomar crédito” en la compra de equipamiento en Seguridad, o ir a la justicia, y que algún día la Suprema Corte determine quién tiene razón. “Los diputados radicales se durmieron… y nos quieren hacer cruzar el río con botas. Esta ley venció el 3. No se puede prorrogar. Y si quieren discutir una distinta, necesitarán los dos tercios de los votos para endeudarse” explica Jorge Tanús, el legislador que la semana pasada adelantó el rechazo del peronismo a una prórroga de la ley “fuera de tiempo”. “Eso es un invento… no hay argumentos técnicos para oponerse” contesta Néstor Parés, presidente de la Cámara de Diputados y el hombre de confianza de Cornejo en la Casa de las Leyes.

¿Es simplemente una pelea administrativa, una chicana política? El peronismo se ha juramentado no aprobarle a Cornejo ni un solo pedido de endeudamiento. Nada. Cero. Firmaron un compromiso de quince puntos, la semana pasada, en el que juran que no levantarán la mano para ninguna toma de deuda que implique “gastos corrientes”. La inversión en Seguridad no lo es, pero seguro que da motivos de pelea, un mes antes de las elecciones.

En el peronismo creen que el gobierno cometió un error de gestión, y que tienen “problemas administrativos” para justificar trámites, con la ley vencida, algo que en el ministerio de Seguridad niegan. “Nosotros no hemos hecho ni una compra más, posterior al vencimiento de la ley” se quejan.

¿Y si no pasa?

¿Qué consecuencias tiene el que no sea aprobado la ley, tal como el gobierno quiere? El equipamiento policial y el de las cárceles, demorará mucho más tiempo y será de menor intensidad. La presión del oficialismo será “puede subir el delito”. Para los diputados de la comisión, el gobierno preparó un documento de 47 páginas con profusión de datos sobre la compra de móviles, equipamiento policial, y la consecuente baja de casi todos los tipos de delito en los últimos meses.

Analía Jaime es la diputada radical cornejista que entiende en temas de Seguridad, y que presentó el proyecto para su prórroga. Lo firmaron junto a ella Néstor Parés, Marcos Niven (PD) y Guillermo Pereyra, del Frente Renovador. En los argumentos que acompañaron la prórroga de esta ley de “compre rápido”, dijeron que “…ha funcionado como una herramienta fundamental que ha contribuido a agilizar la adquisición de bienes de distinta especie, necesarios para mejorar la gestión de la seguridad pública en la provincia” y detallan luego la compra de 120 controles biométricos, reconocimiento facial y lector de patentes; se equiparon 120 móviles inteligentes, se compró equipamiento de Seguridad Vial; para 200 móviles existentes del Sistema Tecnológico Inteligente, chalecos antibalas, uniformes policiales, pistolas 9 mm, municiones y equipamiento especial; hubo un plan de obras carcelarias, entre otros ítems.

Además, destacan que el plazo de compra de bienes e insumos aún con control de la fiscalía de Estado, se redujo a tres meses.

Aun así, en el PJ tienen observaciones con las formas. Y estarán muy celosos de cualquier intento de endeudamiento. “Ni locos les vamos a dar dos tercios, para que se endeuden en nada…” insisten.

Por lo pronto, el gobierno podría obtener hoy despacho favorable en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde tiene mayoría. Allí revistan los oficialistas Jorge “Coco” Albarracín, Gabriel Miró, Jorge Sosa, Emiliano Campos, Analía Jaime, Pablo Priore (PRO) y Pablo Narváez. Por el PJ sólo están Carina Segovia, Carlos Bianchinelli, Lucas Ilardo y Sonia Carmona.

Habrá que ver. La discusión entre un oficialismo que necesita la ley y tiene las elecciones a la vista, y un PJ con tensiones internas que no quiere dar el brazo a torcer, promete estar entretenida.