La falta de "la cultura del control" de la política argentina

La falta de "la cultura del control" de la política argentina

Por:Walter Schmidt (*)

La pobre cultura de la política argentina en relación con los organismos de control que deben, valga la redundancia, "controlar" el accionar del Poder Ejecutivo y del Estado, tanto en el respeto por las normas como en el manejo transparente del dinero público, quedó evidenciada en las últimas horas con la polémica por el acuerdo entre el Ministerio de Comunicaciones y el Correo.

Si las funciones y las leyes se respetaran seguramente "la corrupción" como flagelo no sería tal, porque para ello fueron creados organismos de control, muchos de ellos integrados por técnicos y especialistas, y cuyo "lei motiv" es "respirarle en la nuca" a los funcionarios.

Sin embargo, la política argentina desde hace décadas está en deuda con la rendición de cuentas y con la colaboración para que los organismos de control realicen su trabajo.

La tragedia de Once

Muestra de ello fue la tragedia de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012 en el ferrocarril Sarmiento y en la que murieron 51 personas. Previamente la Auditoría General de la Nación (AGN) había advertido a las áreas correspondientes del Poder Ejecutivo que esa línea ferroviaria no podía seguir funcionando en ese estado. El informe fue cajoneado y ocurrió lo peor.

La ausencia de esa gimnasia de rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad legal en la toma de decisiones, provocó en las últimas horas una marcha y contramarcha en las decisiones del gobierno nacional relacionadas con el escándalo generado por el acuerdo entre el gobierno y la firma Correo Argentina que pertenece al padre del Presidente, Franco Macri.

En un intento por transparentar y poner bajo análisis de los especialistas el acuerdo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que el gobierno solicitaría a la Auditoria un "veredicto" sobre el entendimiento por la deuda del Correo.

Así, el gobierno puso en evidencia la falta de conocimiento de los roles de los organismos de control. Organismos que, vale aclarar, el kirchnerismo descabezó para que no funcionaran.

En primer lugar la Auditoría General de la Nación (AGN), por definición, "es el organismo que asiste técnicamente al Congreso en el control del estado de las cuentas del sector público". Por ello su titular, el peronista Oscar Lamberto, salió a decir que sólo podría intervenir a pedido del Poder Legislativo, no por pedido del gobierno.

Si bien la AGN "verifica el cumplimiento contable, legal y de gestión por parte del Poder Ejecutivo Nacional; controla la exposición completa, clara y veraz de las cuentas públicas y analiza la administración de los intereses fiscales", examina "hechos, actos y documentos" una vez finalizados los ejercicios contables. La Auditoría realiza la "autopsia", no interviene, antes, en el tratamiento o medicación del cuerpo, metafóricamente hablando.

En realidad, el organismo de control más indicado para ser llamado por el gobierno, aunque lo ideal hubiera sido durante las conversaciones con Correo Argentino y no ahora, es la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

"Según lo establece la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, la Sindicatura General de la Nación es el órgano rector del sistema de control interno del Estado", se indica.

Más aún, entre sus deberes, figura "poner en conocimiento del Presidente de la Nación los actos que hubiesen acarreado o estime puedan acarrear significativos perjuicios para el patrimonio público". Tal vez su aporte hubiera sido clave para evitar la polémica posterior.

Junto a la SIGEN, el Ejecutivo debió haber puesto en autos a la Procuración del Tesoro Nacional, en los papeles, una suerte de "abogado del Estado".

La Procuración no sólo debe "brindar asesoramiento jurídico al Poder Ejecutivo Nacional y organismos dependientes" como el Ministerio de Comunicaciones, sino "registrar y auditar los juicios en los que el Estado Nacional sea parte". Precisamente la empresa Correo Argentino tiene juicios contra el Estado motivados -según argumenta- en el no pago por parte del Estado de los servicios de correo.

(*) Especial para Mendoza Post