La Oficina Anticorrupción “no pone las manos al fuego por nadie” - Mendoza Post
Por: Mendoza PostMartes 14 Feb 2017

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, pidió hoy una "paciencia razonable" para que ese organismo investigue el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino, y aseguró que "no" pone "las manos en el fuego por nadie".

"Hasta tanto no veamos los papeles me parece irresponsable tener una opinión prima facie, porque no es nuestra tarea. Como órgano de control, a la Oficina lo que le corresponde es estudiar el caso, analizarlo en profundidad, de acuerdo a los estándares de la Ley de Ética Pública", planteó la funcionaria.

En diálogo con radio La Red, Alonso señaló que abordar el tema "lleva tiempo. No va a ser eterno, pero por supuesto va a tener un tiempo de desarrollo y evolución razonable. Que nos tengan la paciencia razonable, no eterna, para hacer el estudio que corresponde", pidió Alonso.

La titular de la Oficina Anticorrupción "no pone las manos al fuego por nadie". 

Consultada sobre si ponía las manos en el fuego por el presidente Mauricio Macri, la titular de la OA respondió: "Pongo los manos en el fuego por mí, no puedo poner las manos en el fuego por ningún otro funcionario, sobre todo porque estoy en la Oficina Anticorrupción, que muchas veces le toca investigar a funcionarios. Más allá de las personas, los que importan son los hechos, que son los que vamos a analizar", añadió.

Ayer, el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, admitió que en el caso de la propuesta de pago del Correo Argentino al Estado, que debe convalidar la Sala B de la Cámara Comercial el Gobierno debería "haber tomado más recaudos o haber anticipado que algo de esto iba a tomar un tinte político".

"Más allá de las personas, los que importan son los hechos, que son los que vamos a analizar". 

Desde la oposición, el diputado massista Alejandro Grandinetti adelantó que su bloque "está trabajando en la presentación de un pedido de informes para exigirle al Ejecutivo Nacional que se detallen todos los pormenores del arreglo" con el Correo.

El acuerdo cuestionado permite al Estado cobrar una deuda de casi 300 millones de pesos, pero según la fiscal general Andrea Boquín, la deuda al día de hoy equivale en realidad a más de 4.000 millones.