La jueza mendocina que inventó la excusa perfecta

La saga es increíble. Puede que el mejor autor de comedias tuviese dificultades en crear semejante guion. Pero de los mismos autores, productores y directores de “La fiscal viajera” y su secuela “La jueza viajera”, ahora llega “La jueza con fiaca”. Es una breve historia de los últimos días previos a la feria, y de las primeras semanas de enero, protagonizados por la jueza titular del Tercer Juzgado de Garantías de Mendoza, Alejandra Mauricio. Una magistrada habitualmente bien conceptuada entre sus pares, al punto que en algún momento su nombre estuvo en carpeta para integrar la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Hubiese sido un problema. La jueza no quiere trabajar por las tardes, y tan convencida está, que lo puso incluso en un escrito.

La doctora Mauricio no es una jueza “mediática”, aunque ha tenido casos resonantes. El último de ellos fue el sainete de la mona Cecilia, el chimpancé hembra del zoo mendocino cuyo traslado -o no- a un lugar más apropiado para ella, parece que es una cuestión de Estado.

Medida, mesurada, de buen trato, nadie entiende qué le pasó a la magistrada. Pero en un período de pocas semanas acumuló “errores no forzados” que le valieron una denuncia penal, el reto de la ex cámara de apelaciones, y luego, cuando quedó a cargo de la feria judicial, decidió no producir audiencias. Desoyó acordadas de la Corte, y terminó con una licencia por estrés, generando la semana pasada un vacío inédito en la provincia: durante muchas horas del viernes 6 de enero no hubo un juez en toda la primera circunscripción judicial de la provincia, que firmase allanamientos, o generase audiencias para decidir prisiones preventivas. Voluntaria o no, la jueza fue protagonista de ese hecho insólito. De hecho, hubo varias horas de ese viernes, Día de Reyes, en que estuvo inubicable para quienes necesitaban de su firma.

La historia de un expediente particular sirve como ejemplo, para poner la lupa en conductas más o menos habituales en la Justicia. La mayoría de los casos no saldrá jamás en los medios, hasta que alguien comete un error grave, como el fiscal Fabricio Sidoti en el Caso de Ayelén Arroyo, o jueces, fiscales y administrativos en la “libertad regalada” antes de tiempo a un convicto que terminó matando a una chica de 20 años llamada Ayelén Arias, la semana pasada.

El 6 de octubre del año pasado, el abogado penalista Jorge Hinojosa presentó un manuscrito en el Tercero de Garantías, pidiendo el cese de la prisión preventiva de un cliente, vaya uno a saber qué habría hecho. Los expedientes tardan semanas en llegar de un piso a otro. Pero 11 días después, el fiscal a cargo estaba enterado e hizo lo que corresponde hacer ahora: pedir que se fije una audiencia oral para decidir sobre la prisión preventiva del reo. La jueza dijo que el pedido estaba mal hecho y el fiscal debió repetir el escrito, en el que se oponía a la libertad del procesado, un tal Medrano.

Sigamos el hilo: el 26 de octubre, la secretaria del juzgado de la doctora Mauricio intervino y pidió que antes de la audiencia de libertad, le den una bola de cristal al director de la penitenciaría para que “pronostique” en forma “individualizada” la “reinserción social” del individuo. Días después, el defensor vuelve a pedir por favor -por escrito- que se resuelva su pedido de libertad. Ya había pasado casi un mes.

El 10 de noviembre, la jueza Mauricio hizo algo increíble. Sin hacer audiencia oral y a la vieja usanza, y por escrito, rechazó el pedido de libertad del tal Medrano, que ya llevaba 8 meses preso. El 29 de noviembre, la Cámara de Apelaciones formada por Ramiro Salinas, Alejandro Miguel y Luis Correa Llano, declaró nula la resolución de la jueza, y la mandó a hacer una audiencia oral como corresponde. La jueza fijó la audiencia, pero para el 17 de febrero. Es decir, cinco meses después del pedido original. El fiscal, Carlos Torres, se quejó, presentó un pedido de pronta resolución, y prestó incluso su acuerdo para que la audiencia se hiciera en turno vespertino. Sí, a la tarde…

Y la jueza Mauricio le contestó con una pieza de colección, explicando por qué no se puede cumplir con la ley ni trabajar de tarde, tal como dice una acordada de la Corte.

“…resulta material y humanamente imposible cumplir con la letra expresa de las nuevas disposiciones legales, atento a que en este tribunal ingresaron desde el 1 de noviembre al 19 de diciembre, noventa y siete pedidos de audiencias para resolver”.

Lo que sigue es el dulce de leche de la historia, plasmado en un escrito de la jueza Alejandra Mauricio del 20 de diciembre del año pasado, hace menos de un mes, siempre en referencia al reo que no podía conseguir una audiencia oral para que decidan su destino:

“…se hace saber al Sr. Fiscal que la Sra Juez de Garantías en horario vespertino continúa su trabajo en la lectura de todos los procesos (…) para resolver cuestiones de competencia de este tribunal, que no implica únicamente hacer audiencias de Prisión Preventiva” advierte. “Asimismo, en horario vespertino la sra Juez estudia no sólo los procesos, sino también la legislación y jurisprudencia y doctrina vigente, para resolver conforme a la responsabilidad que le ha sido asignada por la Constitución de la Provincia” dice. Impresionante. La jueza lee y estudia y no puede hacer audiencias por la tarde. ¿Es opinable? No mucho: Hay una acordada de 2014 de la Corte, que obliga a los jueces de garantías a mantener sus juzgados funcionando igual que las fiscalías departamentales, en turnos vespertinos. En el punto 3 de esa acordada, responsabiliza a los jueces porque ello ocurra. Es decir, que se produzcan las audiencias.

El escrito de la jueza Mauricio anunciando que no se puede cumplir la ley ni hacer audiencias, y mucho menos de tarde porque es la hora de la lectura, es una de las comidillas de tribunales.

La historia se reforzó en la primera semana de la feria. Alejandra Mauricio quedó como única jueza de Garantías en la primera quincena de enero. Pero se negó a hacer audiencias de control de detención, argumentando que no se trataba de asuntos “extraordinarios” que debieran resolverse en una feria. Uno de los abogados, Enoc Ortiz, se hartó y la denunció penalmente, total, en Mendoza, lo que sobra son litigios.

A la jueza se le amontonaron los pedidos de audiencia, de allanamientos, y las discusiones, y el viernes 6 de enero plantó un certificado por estrés firmado por un médico clínico, reforzado luego por otro similar, suscripto por un psiquiatra. El Gran Mendoza se quedó sin juez por varias horas, hasta que José Valerio -único juez disponible de la Corte en ese momento- extendió la competencia de garantías a un par de jueces de flagrancias, para empezar a “sacar” audiencias.

La jueza ahora está de licencia psiquiátrica, acuciada por el estrés que le supuso la aplicación de la oralidad, algo que debería hacer la justicia más veloz, y más eficiente.

Que se recupere pronto. Mientras tanto, sus escritos explicando por qué no se puede cumplir la ley, son la curiosidad judicial y política, en este enero hirviente.