El gobernador de La Pampa asegura que los mendocinos "tienen que estar preocupados" por la demanda por el río Atuel.
“En Mendoza tienen que estar preocupados por la demanda del Atuel”
El gobernador de La Pampa, Oscar Jorge, manifestó hoy su confianza en el curso de la demanda que presentó la provincia por el corte del río Atuel contra Mendoza, donde dijo que "tienen que estar preocupados" porque "la razón está de nuestra parte".
Jorge se reunió con los abogados Gregorio Badeni y Dora Laplacette, quienes llevan adelante la demanda de La Pampa contra Mendoza por el corte del río.
"Se trata de mantener vivo nuestro reclamo. En Mendoza ha causado una repercusión importante. Hubo una publicación de la agencia oficial de noticias que generó una respuesta fuerte de Mendoza. Creo que tienen que estar preocupados ya que la razón está de nuestra parte, no tiene sentido romper los ecosistemas, hoy es injustificable", aseguró.
Consultado si desde Mendoza tuvieron algún tipo de contacto después de la presentación de la demanda el año pasado, Jorge dijo que "después del juicio no he tenido ninguna conversación con el gobernador Francisco Pérez" Agregó que "La Pampa ha dialogado, hemos firmado un convenio en el año 2008, el que no aprobaron. Además, la presidenta Cristina Fernández puso al jefe de Gabinete Abal Medina y tuvimos reuniones de horas".
En la demanda el gobierno indicó que el daño ambiental económico provocado a La Pampa sería como mínimo de unos 100 millones de pesos anuales a valores de hace tres años
"Evidentemente hay una negativa de Mendoza. No pueden decir que La Pampa no hizo todo lo que tenía que hacer para finalmente llegar un juicio para que dirima la Corte como corresponde con la Constitución Nacional", sostuvo.
En mayo del año pasado La Pampa demandó a Mendoza y solicitó que se declare el incumplimiento de la provincia cuyana a la sentencia de la Corte Suprema de 1987, que la obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del agua del río Atuel, considerado "interprovincial" por ese mismo tribunal.
La presentación fue directamente contra el Ejecutivo mendocino, aunque también involucró al Estado nacional como "tercero obligado", debido a que no cumplió con su papel de "administrador" en ese territorio.
En la demanda el gobierno indicó que el daño ambiental económico provocado a La Pampa sería como mínimo de unos 100 millones de pesos anuales a valores de hace tres años, según los cálculos establecidos a partir de un Estudio de Cuantificación Económica elaborado por la Universidad Nacional de La Pampa en 2012.
