Diego Genoud para el Post: El muerto que la clase política prefiere ignorar - Mendoza Post
Viernes 30 Ene 2015Viernes, 30/01/15 atrás
porDiego Genoud
Periodista

 Será la primera marcha en la que la familia de Luciano Arruga caminará al menos con la certeza de haber encontrado el cuerpo sin vida del joven de 16 años que desapareció el 31 de enero de 2009. 

En el sexto aniversario de su secuestro y bajo la consigna “A Luciano lo mató la Policía y lo desapareció el Estado. Fuera la policía de nuestros barrios”, familiares, amigos, organismos de derechos humanos –en su mayoría independientes del gobierno nacional y provincial- y militantes de distintos partidos acompañarán una movilización que recorrerá 32 cuadras, desde el destacamento de Lomas del Mirador en el que el adolescente estuvo detenido hasta la intersección de Avenida General Paz y Mosconi, donde fue atropellado.

El caso de Arruga es emblemático pero llegó a conocerse gracias a una lucha a contramano de la coyuntura electoral y de las políticas oficiales de derechos humanos que lo dejaron fuera de agenda. Expresa una realidad que la clase dirigente y los candidatos que aparecen arriba en las encuestas prefieren esconder bajo la alfombra: la de los jóvenes pobres y morochos de los conurbanos de todo el país que soportan cada día el hostigamiento de las fuerzas de seguridad simplemente por la manera en que se visten, por estar en la calle o por usar una gorrita como la que llevaba Luciano. 

Luciano Arruga.

Algo mucho peor, desnuda una trama en la que la policía no es la protagonista de la batalla contra la “inseguridad” sino su principal promotora. La hermana de Arruga, Vanesa Orieta, lo dice de forma tajante: “La policía bonaerense tiene las manos manchadas con sangre de pibes pobres”. Desde un primer momento, la familia denunció que el joven de 16 años se había negado a robar para la policía de Lomas del Mirador y que eso lo había expuesto a una persecución que terminó con su secuestro, asesinato y desaparición.

La muerte todavía impune de Arruga golpea de lleno a Daniel Scioli, el candidato del Frente para la Victoria que hoy aparece con más chances de ingresar al balotaje a fin de año. Aunque no le guste asumir ese rol, Scioli es el responsable político de la policía que asesinó a Arruga. El gobernador bonaerense tardó más de tres años en recibir a la familia y, a mediados de octubre pasado, en las horas posteriores a la aparición del cuerpo, decidió ignorar lisa y llanamente la pregunta sobre el tema que le había hecho una cronista de la señal QM Noticias. 

Se fue sin responder pese a que venía hablando de la creación de un sitio para la memoria en un ex centro clandestino de detención y la pregunta era más que pertinente.

“La policía bonaerense tiene las manos manchadas con sangre de pibes pobres” 

En octubre de 2014, se descubrió que Luciano fue atropellado por un auto en la vía rápida de la autopista General Paz, en el cruce con Mosconi (del lado de provincia), frente a un destacamento de la Policía Bonaerense. Se dirigía hacia la ciudad de Buenos Aires, pero cruzaba por un lugar que los peatones no usan. A partir de esa escena, la Policía busca que la muerte de Arruga parezca un accidente.

El mutismo de Scioli ilustra una dificultad que lo trasciende y contrasta con el acto del miércoles pasado en Quilmes, donde el ex motonauta anunció una de sus grandes apuestas de campaña: llegar al final de su mandato con 90 mil policías más en las calles para luchar contra la inseguridad. Pero si lo que denuncian los familiares de Arruga no fue una excepción sino parte de un modus operandi de La Bonaerense que extorsionaba adolescentes para que salgan a robar para la fuerza, entonces el remedio de Daniel es mucho peor que la enfermedad. El caso lo afecta directamente a él, pero complica en realidad a todos los candidatos nacionales que hacen campaña con eje en la inseguridad –Sergio Massa, Mauricio Macri, Francisco De Narváez, ¿Sergio Berni?- y en la necesidad de darle más poder a fuerzas de seguridad que aún conservan métodos, prácticas y lógicas de la última dictadura.

Después de mucho peregrinar, los familiares y amigos lograron a fines de 2014 que el Senado bonaerense expropie el destacamento policial de Lomas del Mirador -en el partido de La Matanza- donde Arruga fue torturado y se los ceda para levantar allí un espacio para la memoria, pero independiente de los partidos políticos y del gobierno. “Queremos crear ahí un archivo de casos de gatillo fácil y violencia institucional en La Matanza y que sea un espacio para la memoria, que tengan indicaciones respecto de lo que allí sucedió porque no sólo está la causa de Luciano en ese destacamento sino que hay muchas otras que en la mayoría de los casos han surgido a partir de nuestra denuncia. Queremos que sea un sitio recuperado, sea por una violación a los derechos humanos en democracia o en dictadura, nos parece que tiene que mantener una cierta independencia de cualquier gobierno y de cualquier partido que esté en una gestión de gobierno (…) abierto a la comunidad y al barrio 12 de octubre, que es el que a nosotros más nos importa porque es el barrio de Luciano (…) No prometemos asados, ni gigantografías de funcionarios o ex funcionarios. No prometemos poder terminar de explicar con palabras lo que pasó de verdad en el primer ex Centro Clandestino recuperado en democracia. No prometemos que no les duela cuando entren, ni que podamos alivianar al aire. No prometemos pintarlo de colores ni que, aunque arreglemos las ventanas, la luz deje de entrar en forma de destellos rezagados”, escribió Rosaura Barletta, una de las integrantes de la Asociación de Familiares y Amigos de Luciano Arruga.

Once años después de llegar al poder y con el cadáver del fiscal Alberto Nisman sobre la mesa, el kirchnerismo se acordó de que los servicios de inteligencia eran un arma de doble filo y los presentó como agentes de extorsión, cuando en realidad fueron un instrumento de los más usados por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Sin embargo, “la deuda de la democracia” de la que habló la Presidenta en su discurso por cadena nacional incluye a la mayoría de las fuerzas de seguridad, que siguen todavía actuando con prácticas de la dictadura. El Ejército que conduce César Milani -el general de Inteligencia denunciado por crímenes de lesa humanidad que Cristina defiende-, la Gendarmería que incubó el Proyecto X y al gendarme carancho, la Policía Federal que tuvo como jefe al macrista Jorge “El Fino” Palacios, y La Bonaerense que en los últimos 10 años estuvo involucrada en la desaparición de Jorge Julio López y Luciano Arruga. Aunque la clase política prefiera mirar para otro lado y hablar de los derechos humanos como cosa del pasado, la marcha de La Matanza elevará un pliego de demandas que el próximo presidente debería atender. Sobre todo, si no quiere terminar como los últimos, denunciando que le tiraron un muerto.