La Fiscalía de Estado de Mendoza presentó una solicitud para que se garantice el servicio en esos establecimientos y fue resuelta a favor.
La Justicia ordenó restituir el gas en escuelas y hospitales
La Justicia Federal del Mendoza resolvió que se restituya de inmediato el servicio de gas en escuelas y hospitales.
La petición elevada por Fiscalía de Estado, Asesoría de Gobierno u Defensa del Consumidor fue resuelta a favor por el Juzgado Federal Nº2 (subrogado por el juez Walter Bento).
Es la primera vez que el fuero federal toma el reclamo para garantizar el servicio básico.
Se trata de una medida autosatisfactiva. Este viernes 26 de junio fue presentada en el juzgado subrogado por Bento paraa que reciban adecuadamente el servicio a niños y adolescentes, además de instituciones como escuelas, hospitales y hogares de ancianos.
Durante la tarde, el dictamen ya estaba emitido por el Justicia Federal.
La resolución judicial surge tras la medida de fuerza llevada adelante por trabajadores petroleros y de gas privado en todo el país, que dejó sin servicio a 23 escuelas que debieron suspender las clases por falta del fluido.
Este viernes se levantó el paro de los trabajadores de las fraccionadoras y distribuidoras de gas en garrafas cuando los gremios llegaron a un acuerdo en paritarias en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Miles de personas no pudieron acceder a las garrafas.
Argumentos de la Justicia
El juez Bento entendió que es de competencia del fuero federal garantizar el suministro y mediante su resolución ordenó a la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustible, a la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado, y a los trabajadores que prestan servicios inherentes al servicio de gas licuado en la Provincia de Mendoza a que garanticen el 100 por ciento del servicio de gas envasado en las instituciones en las que estén comprendidos el servicio de educación y salud.
Mediante lo resuelto por la Justicia Federal queda sentado que el interés de niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 18 años posee rango constitucional y su protección prevalece sobre otros derechos, por ello es competencia judicial hacerlo cumplir.
