Tiempo de la víctima: "El pacto de silencio impide pedir ayuda en el momento"

Victoria - seudónimo utilizado para resguardar la identidad de la víctima- sufrió abusos sexuales a manos de su padrastro durante tres años. Desde 1992 hasta 1995 el abusador, llamado Miguel Ángel Frutos, aprovechó su posición de poder para robarle la infancia a una niña de 6 años.

Más allá del dolor y el sufrimiento, Victoria se convirtió en la primera sobreviviente de abuso sexual en la infancia (ASI) que logra un veredicto a su favor en todo el país desde el 2015, cuando entró en vigencia la Ley 27.206 de respeto a las víctimas. Esta Ley establece que se "suspenda la prescripción de los delitos de integridad sexual y delitos de trata mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales".

"En casos de abuso sexual- como también en muchos casos de abusos de otras índoles- decimos que debemos dar tiempo a la víctima porque hablamos de un hecho traumático y como tal, a veces no tiene palabras. El tiempo es necesario para poder tramitar el horror y del desconcierto que representa el abuso. Esto se agrava si pensamos que un mayor porcentaje sucede dentro del ambiente familiar cercano", comenta Mónica Roberts, de la red de Psicólogxs Feministas.

Roberts afirma que "El trauma es una quebradura que se va soldando en cada caso de manera singular y el tiempo es esencial para poder decir algo de eso. Si a ésto le agregamos que nuestra justicia es absolutamente machista, nuestro sistema es misógino y que la revictimización ha sido parte ( y aún hoy lo es) del proceso de poner en palabras lo padecido, se hace bastante sencillo entender por qué hace falta tiempo".

Esta condena, de 17 años, por abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado doblemente por el vínculo y por ser un menor de 18 años es sin duda un precedente legal a nivel nacional en lo que respecta a crímenes de integridad sexual y trata en la niñez. La Ley de 2015 amplía los plazos de prescripción para que estos crímenes puedan denunciarse, sin necesidad de presionar a los afectados ni someterlos a un proceso de revictimización.

Gracias a esta legislación, Victoria, pudo denunciar a Frutos 25 años después de cometido el delito. Si bien la sobreviviente de los abusos logró expresar lo sucedido a los 11 años, cuando su familia quiso denunciar, la policía les dijo que ya había pasado mucho tiempo. Fue recién en octubre 2017 cuando, por escrito, se realizó la denuncia en la que se detallan las atrocidades que sufrió Victoria.

La especialista de la Red de Psicólogas comenta que "en el abuso, al suceder mayormente dentro de las familias, se tiende a silenciar a la víctima o desmentir lo sucedido pasando la responsabilidad al niñe o adolescente. Este no puede escapar de esa trampa que le pone el abusador. Así se controla a la víctima, se impone un pacto de silencio que le impide pedir ayuda en el momento o durante el tiempo que transcurre durante los abusos".

Las consecuencias de padecer abusos son muchas y pueden acompañar a la víctima si no recibe el acompañamiento y cuidados adecuados. Victoria sufre desde hace 25 años tristeza, dolor, cambios de humor, dificultades en sus relaciones familiares y sociales, insomnio y hasta intentos de suicidios.

La justicia, que debía velar por el bienestar de Victoria, se desarrolló en contra de todas las leyes nacionales y pactos internacionales a los que Argentina adhiere desde hace décadas. Victoria no accedió a los mecanismos de denuncia y justicia, y tampoco tuvo contención psicológica.

El Estado tampoco se hizo responsable de la prevención de estos delitos, fue la antigua víctima la que identificó y señaló al agresor para evitar que la niña de 5 con la que este convive tuviera el mismo destino que ella. Incluso, ante la falta de datos aportados por la unidad de Investigaciones Complejas, fue Victoria y su abogado los que señalaron su ubicación del condenado.

Roberts hace especial hincapié en el rol del Estado como "responsable fundamental en la tarea de elaborar políticas que tiendan a prevenir y denunciar sin miedo o revictimización. También debería garantizar el acceso a tratamientos adecuados para las víctimas de abuso". La especialista resalta la importancia de la implementación de la Educación Sexual Integral como "elemental para brindarle herramientas a niñes y adolescentes en relación a esta la denuncia".

El Fiscal de Cámara, Dr. Jorge Fernando Gómez y la defensa, pidieron una pena de 16 años de prisión para el condenado. La jueza a cargo, Dra. Martínez Casas resolvió diecisiete (17) años de prisión de cumplimiento efectivo.

"Es un antecedente importante para víctimas de abuso. Hace falta, un Estado que acompañe, una sociedad que no culpe a las víctimas y, como cultura, que dejemos de victimizar a personas que pasan situaciones como estas" finalizó Roberts.

Cifras alarmantes

En el Hospital Pediátrico de Resistencia, hay 167 casos registrados de abuso sexual en la infancia (ASI) en lo que va del 2019 y se registraron 350 en el 2018. Más del 80% son intrafamiliares.

El caso de Victoria es considerado un triunfo colectivo y una reparación histórica a las infancias. Sin duda sienta un precedente para las causas que aún no son atendidas por la justicia argentina. Desde numerosas asociaciones feministas se ha reafirmado el apoyo a victoria y a todos los y las sobrevivientes de ASI bajo el lema #YoSiTeCreo.