El Presidente dijo estar indignado por la decisión de la magistrada y ésta le contestó que se ajustó a derecho.
La jueza que liberó a los motochorros respondió a las críticas de Macri
La titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 62, Patricia Guichandut, se defendió este jueves tras las críticas recibidas por haber liberado a motochorros y remarcó que "si se trata de modificar las reglas de política criminal, no es el Poder Judicial el que pueda dar las respuestas".
Luego de que el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionaran sus decisiones, la magistrada explicó que al motochorro colombiano Jair Stevens Jurado Mora le impuso "en la medida de sus posibilidades, como lo señala la ley, varias reglas de conducta entre las que se cuenta el pago de una suma dineraria en concepto de reparación del daño causado a la víctima a cambio de otorgarle la suspensión del juicio a prueba".
Guichandut avaló esta tarde la expulsión del motochorro colombiano
A través de un comunicado, también afirmó que la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) "no informó la existencia de causas penales contra Jurado Mora en el exterior ni que tuviera impedido de ingreso al país".
Patricia Guichandut.
En ese sentido, Guichandut advirtió que en el Registro Nacional de Reincidencia (RNR) entregado por la Policía Federal (PFA) "no surge la existencia de antecedentes penales ni procesos en trámite del extranjero".
Es indignante el caso de la Jueza que nuevamente liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país. Las Fuerzas de Seguridad están haciendo su trabajo en la calle pero con una Justicia así no hay policía que alcance.
— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 31 de enero de 2019
A la vez, la jueza aclaró que no intervino en la causa contra el uruguayo Antonio José Franco, que fue detenido mientras conducía una moto con un cómplice: tenía tres condenas cumplidas y un pedido de Migraciones para expulsarlo del país y entregarlo a las autoridades de Uruguay.
La magistrada resaltó que la ley "no establece diferencias entre ciudadanos nacionales y extranjeros".
"Si se trata de modificar las reglas de política criminal, no es el Poder Judicial el que pueda dar las respuestas", agregó Guichandut.
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