Cien meses de inflación “trucha”… o cuando la mentira se hace costumbre
Con la difusión del índice de precios de abril, el INDEC completó hoy cien meses de manipulación estadística de manera ininterrumpida.
En estos ocho años y cuatro meses, se ha hablado y escrito mucho sobre los efectos en la economía que conlleva no poder contar con estadísticas confiables unánimemente aceptadas. Quizás ese sea el principal error de análisis. Cuando lo que está en discusión es la destrucción del sistema estadístico nacional, cuando la veracidad de la palabra del Estado está en duda, cuando el vínculo entre gobernantes y gobernados pasa por la admisión de la mentira como hecho permanente, no es a los economistas a quienes debe invitarse a las mesas de debate.
Como disciplina de la matemática, la estadística es un insumo básico fundamental para el trabajo de sociólogos, historiadores, médicos, ingenieros, geógrafos y muchos otros profesionales a los que el tema parece no haberlos preocupado demasiado, a juzgar por las manifestaciones cada vez más reducidas que mes a mes se convocan en las puertas de instituto de Alsina y Diagonal Sur.
Son los abogados, no los economistas, los que deben opinar sobre el artículo 17 de la ley 17.622: "Los funcionarios o empleados que revelen a terceros o utilicen en provecho propio cualquier información individual de carácter estadístico o censal, de la cual tengan conocimiento por sus funciones, o que incurran dolosamente en tergiversación, omisión o adulteración de datos de los censos o estadísticas, serán pasibles de exoneración y sufrirán además las sanciones que correspondan conforme con lo previsto por el Código Penal (Libro II, Título V, Capítulo III)".
En los cien meses de manipulación -o delito, a juzgar por el párrafo precedente- el sayo le cabe a varios. Por lo pronto, en ese lapso hubo dos presidentes, tres vicepresidentes, cinco jefes de Gabinete y siete ministros de Economía que no formalizaron ningún acto administrativo para denunciar la intromisión de un funcionario ajeno al área. Uno de ellos intentó lavar la imagen recurriendo a la supervisión del FMI, un organismo que no se dedica a esos menesteres y hace cinco años que lo viene demostrando postergando una evaluación en la que no sabe qué decir.
Se entiende. Los organismos internacionales especializados jamás aprobarían el desastre realizado. Como muestra de ello, poco después de ser desplazada del INDEC, Clyde Charre de Trabucchi fue elegida presidente del Instituto Interamericano de Estadística. Esperar su aval sería tan ingenuo como esperarlo del consejo académico de universidades a las que se intentó involucrar. Son los sociólogos y los psicólogos, no los economistas, quienes mejor pueden explicar la relación patológica entre funcionarios que dan por cierta una información que saben que es falsa y una ciudadanía que asume con naturalidad esa mentira. Cien veces, hasta ahora.
Por eso sorprende la candidez de quienes proponen la conformación de nuevos mecanismos institucionales que aseguren la independencia del INDEC, al estilo de consejos o comisiones especiales. El organismo no tenía ninguna relación con la Secretaría de Comercio Interior cuando Guillermo Moreno desembarcó con lo que se denominó "la patota". Su independencia estaba garantizada por ley y, sin embargo, los responsables del momento y todos los que los sucedieron no dijeron una palabra.
Quizás la síntesis más acabada de este proceso se concentre en Hugo Yasky, uno de los primeros en denunciar el atropello de la patota fogoneada por Moreno que avasalló los derechos de los, por entonces, sus representados de ATE-INDEC. Ocho años después, accede mansamente a ser señalado en cadena nacional por una presidenta que no distingue entre un aumento nominal y uno real, amparada en la destrucción del sistema estadístico nacional.
A no desesperarse, todos pueden dormir tranquilos. El libro de pases colocó a muchos de los responsables directos en fuerzas políticas diversas y difícilmente haya una con número, fuerza y autoridad para erigirse en juez de las demás.
Porque la solución a este problema, como la de muchos otros, tampoco es de los economistas. Después de más de ocho años, habrá que encontrar al estadista en condiciones de arrojar la primera piedra.
(*) Especial para Mendoza Post
