Prostíbulo VIP de Mendoza: las escuchas telefónicas y la protección política

Este jueves, se desarrolló la segunda audiencia del juicio oral que investiga el prostíbulo VIP de Mendoza, clausurado hace dos años en medio de un espectacular operativo judicial que incluyó a la Gendarmería nacional.

En estos días, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la provincia investiga a ocho imputados por el delito supuesto de trata de personas con fines de explotación sexual, y también por lavado de dinero obtenido gracias a esa explotación.

Lo primero que debe mencionarse es que dos de los que declararon negaron toda responsabilidad en los hechos que investiga la Justicia.

En primer término, lo hizo el ginecólogo Osvaldo Pastorino Garay, quien desmintió haber brindado sus servicios a las mujeres explotadas sexualmente en el boliche. “No hago abortos, a (Sebastián) Solé lo conocí cuando estuvimos detenidos en el mismo pabellón”, aseguró.

Por su parte, el cabo primero de la Policía Federal Angel Marcelo Arias —otro de los que declaró— aseguró que no está implicado de manera alguna en la operatoria del lugar que, de acuerdo con informes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), querellante en la causa, generaba un millón de pesos al mes.

No obstante, Arias arrojó una curiosa revelación: “A Solé me lo presentó Marcelo Rosental, que es amigo de mis superiores y tiene un hotel a la vuelta de la brigada. Nos reunimos con él en un drugstore porque nos iba a dar un dato de drogas”. 

En ese mismo contexto, declaró ayer el suboficial de la Gendarmería Feliciano Soto, quien aportó el testimonio más jugoso de la jornada. De arranque nomas, confirmó que la organización detrás del prostíbulo tenía protección de la comuna de Capital y de la Policía.

Esos datos surgen de escuchas telefónicas que se hicieron durante la investigación ad hoc. De esos registros, se desprende incluso que Solé —el presunto proxeneta—maltrataba a una de las mujeres que trabajaban para él, tildándola de “puta y ladrona”.

No fue lo único que aportó el suboficial Soto: también explicó que la mayoría de los hoteles 5 estrellas de la provincia requerían los servicios de PymeVip. Un dato inquietante que, si bien se presumía, aún no había sido refrendado judicialmente.

Como puede verse, luego de conocidas las escuchas telefónicas, será complicado para todos los acusados desmentir algunos de los hechos. Por caso, allí queda demostrado que Solé tenía contacto directo con el médico acusado de hacer abortos a las chicas, Pastorino Garay.

También quedó de manifiesto que los políticos que concurrían al prostíbulo pagaban más de 1.000 pesos por chica y que Solé siempre era el nexo.

Son apenas las primeras revelaciones.

La estrategia del dueño de PymeVip

Como ya reveló el Post, la estrategia del supuesto proxeneta Solé será la de intentar tirar abajo la acusación de “trata”: insistirá con que las chicas que trabajaban para él lo hacían por voluntad propia.

Al mismo tiempo, intentará lograr conseguir protección desde lo más alto de la política.

Ello explica por qué aún no dio a conocer los nombres del famoso listado de clientes VIP que jura insistentemente tener en su poder. ¿Para qué lo menciona una y otra vez si, según él, jamás dirá quienes integran la nómina?

Lo único que admitió hasta ahora Solé es que a su local concurrían políticos de alto renombre, y hasta cónsules extranjeros.

Pero también dejó un dato que puso nervioso a más de uno: aseguró que todos los que concurrían a PymeVIP eran filmados. “Las chicas podían ver a los clientes antes de estar con ellos porque había cámaras. Eran filmados desde que entraban en el estacionamiento y en el interior”, dijo Solé la semana pasada.

Parte de esa discusión recobrará relevancia cuando declare Raúl Cuquejo, exinspector de la municipalidad de Mendoza y también acusado de partícipe en el delito de “trata de personas” y de haber recibido dádivas a efectos de omitir las tareas propias que le eran encomendadas por la comuna capitalina. ¿Qué ocurrirá cuando se exponga públicamente que la protección a PymeVIP provenía de lo más alto de la política de ese municipio?

Oportunamente, en una entrevista que este periodista le hizo en la prisión de Almafuerte, Cuquejo tiró varios mensajes políticos por elevación: “¿Vos querés que te cuente la ruta del dinero de la Municipalidad?”, preguntó retóricamente a este cronista.

Y luego se despachó con un tema que presumiblemente será expuesto en el juicio oral de marras: “Lo primero que tenés que conocer son los detalles del Decreto 746/10, donde se crea la Mesa Coordinadora de Habilitaciones de Comercios. Se hizo con la excusa de evitar el negocio que era la gran ‘cooperativa’ de obras privadas. Solo basta que un día te asomes al estacionamiento de la Municipalidad y veas qué automóviles tienen los inspectores de esa área para darte cuenta”.

Según Cuquejo, en ese decreto se permite que los comercios operen con una autorización precaria durante 60 días, mientras se va avanzando en los trámites para habilitar la cosa como corresponde. “Para que te den ese plazo, tenés que hacer el boleto pertinente y podés trabajar legalmente”, añadió.

Y luego fue al corazón de la cuestión: ·Existen cientos de comercios en la Ciudad que no tienen siquiera autorización precaria. No tienen el boleto que prevé el decreto. Esos comercios funcionan gracias al pago bajo mesa. Recaudan unos 300 a 400 mil pesos mensuales”.

Por lo que supo el Post, la Mesa Coordinadora de Habilitaciones de Comercios sigue funcionando a nivel comunal, por lo cual la pregunta se hace inevitable: ¿Sigue también existiendo el circuito descripto por el exinspector Cuquejo? Imposible saberlo.

El juicio recién comienza y promete dejar muchas más revelaciones. Por caso, la semana próxima declararían víctimas, entre ellas la mujer que logró escapar del lugar y realizar la denuncia.

Muchos se frotan las manos, a sabiendas de que habrá más tópicos jugosos que saldrán a la luz. Por el contrario, hay quienes acumulan preocupación: es que, algunos de ellos, aún ocupan cargos de relevancia en la política.