La Justicia colombiana sentenció al expresidente Álvaro Uribe Vélez a doce años de prisión por soborno y fraude procesal. El fallo incluye arresto domiciliario y abre la puerta a una apelación.
Condenaron al expresidente de Colombia Álvaro Uribe a 12 años de prisión
La jueza Sandra Liliana Heredia, del juzgado 44 de conocimiento de Bogotá, condenó este viernes al expresidente de Colombia Álvaro Uribe a 144 meses de prisión y dispuso el cumplimiento de la pena en modalidad domiciliaria, a la espera de que la decisión quede firme.
El fallo, que consta de 1.114 páginas, considera acreditada la responsabilidad penal del expresidente por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, ambos cometidos en concurso homogéneo y heterogéneo. Por estos hechos, además de la prisión, se le impuso una multa equivalente a 2.425 décimos del salario mínimo legal vigente y una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante más de ocho años.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue absuelto de otros cargos relacionados con casos vinculados a la exfiscal Hilda Niño Farfán y a Harlington Mosquera, conocidos como "Hilda Niño" y "Pacho Cundinamarca", respectivamente. Sin embargo, el tribunal encontró suficiente prueba en los hechos principales para desestimar la presunción de inocencia.
Según publicó Infobae, el expresidente, que reside en Rionegro, Antioquia, deberá presentar una caución económica equivalente a cuatro salarios mínimos y firmar un compromiso ante la justicia para que se efectúe su traslado al domicilio, donde permanecerá bajo vigilancia.
La notificación formal del fallo se realizó este lunes en audiencia privada y será leída en público por la jueza Heredia. En paralelo, se habilitó el recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Según informó Blu Radio, será el propio Uribe quien se encargue de sustentar los motivos de su apelación. En un breve mensaje difundido en redes sociales, declaró: "Me voy a centrar en la solución... ya estoy trabajando en mi defensa".
El proceso judicial se convirtió en un hecho de alto impacto político y jurídico en Colombia, al tratarse de una figura central en la historia reciente del país. El anuncio de la sentencia generó repercusiones inmediatas en el ámbito político, y mientras avanza la estrategia de la defensa, crece el debate sobre la vigencia de la detención domiciliaria durante la etapa de apelación.
En este sentido, expertos penalistas recordaron que la ejecución de la sentencia podría quedar en suspenso, dado que en el derecho colombiano una condena no se considera firme hasta que no se agotan todas las instancias recursivas.
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La expectativa se centra ahora en el análisis que hará el Tribunal Superior sobre la validez de la condena y los fundamentos que presente la defensa del exjefe de Estado, cuyo destino judicial sigue captando la atención del país.
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