Un informe prueba la existencia de asesinatos, detenciones ilegales, torturas y hasta violaciones por parte del régimen de Maduro.
La ONU denuncia crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Un informe elaborado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU documenta una política sistemática de represión estatal en Venezuela entre julio de 2024 y agosto de 2025, que incluye asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y más de 2.200 detenciones arbitrarias. El documento será presentado este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos y concluye que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad.
Según la Misión, la represión se agravó tras las elecciones presidenciales del 29 de julio de 2024 y forma parte de un plan estatal destinado a "aniquilar a opositores reales o percibidos". La responsabilidad recae en el régimen venezolano y en sus fuerzas de seguridad: la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el SEBIN y la DGCIM. Las víctimas abarcan a opositores, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, familiares, menores de edad y personas extranjeras.
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Detenciones arbitrarias y persecución política
El informe documenta más de 2.200 detenciones arbitrarias durante el período analizado, especialmente en dos momentos clave: la toma de posesión presidencial de enero de 2025 y las elecciones regionales de mayo. Estas detenciones afectaron a políticos opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y hasta familiares de opositores.
Los agentes actuaron con violencia, irrumpiendo en domicilios encapuchados y sin órdenes judiciales. En muchos casos, las personas fueron detenidas en la vía pública sin justificación. La legislación antiterrorista y la Ley contra el Odio fueron utilizadas para criminalizar la disidencia, mientras el sistema judicial avaló las detenciones con motivaciones políticas.
La Misión atribuye al menos 30 muertes a la represión estatal: 25 en protestas y cinco bajo custodia, además de tres fallecimientos posteriores vinculados al deterioro de la salud en prisión. El uso de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad en manifestaciones fue documentado, sin que existieran investigaciones independientes para esclarecer responsabilidades.
Torturas, desapariciones y violencia sexual
El informe describe el uso sistemático de torturas y tratos crueles: golpes, asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, aislamiento prolongado, privación de agua y alimentos. Centros como Tocorón y Tocuyito fueron señalados por sus condiciones inhumanas, que derivaron en muertes por falta de atención médica.
También se registraron 30 casos de desaparición forzada, 12 de ellos confirmados bajo estándares internacionales. Las víctimas permanecieron incomunicadas durante semanas, sin acceso a abogados ni a sus familias.
La violencia sexual fue identificada como un patrón de represión: abusos, desnudez forzada, sexo transaccional coercitivo y amenazas de violación contra mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT detenidas.
Niñez y represión
Al menos 220 niños, niñas y adolescentes fueron detenidos arbitrariamente en protestas y durante la toma de posesión presidencial. El informe señala que fueron sometidos a incomunicación, violencia y procesos judiciales sin garantías, ignorando el principio del interés superior del niño.
La conclusión es contundente: la impunidad es estructural en Venezuela. No existen investigaciones ni sanciones para los responsables, y las víctimas carecen de acceso real a la justicia. El informe subraya que la falta de cooperación de las autoridades mantiene un clima de miedo y represión generalizada.
El documento incluye 19 casos emblemáticos que, según la Misión, reflejan apenas una fracción de la magnitud de las violaciones registradas. La presentación de este informe ante el Consejo de Derechos Humanos promete renovar la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro en medio de la crisis política y humanitaria que atraviesa el país.
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