El Departamento de Justicia norteamericano será amicus curiae y apoyará el pedido argentino de suspender la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska.
Argentina logró el apoyo del gobierno de Trump en el juicio de YPF
El Gobierno argentino consiguió el respaldo oficial de Estados Unidos ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York por el juicio por la expropiación de YPF. El Departamento de Justicia (DOJ) norteamericano se presentará como amicus curiae (amigo del tribunal) para apoyar el pedido argentino de suspender la ejecución del fallo de la jueza Loretta Preska, que ordena entregar el 51% de las acciones de la petrolera en manos del Estado a la firma Burford Capital.
Burford Capital, un fondo especializado en litigios, fue declarado en 2023 como principal beneficiario de un fallo que obliga a Argentina a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, además de ese monto, Burford reclama quedarse directamente con el paquete accionario mayoritario de la empresa.
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Hace apenas diez días, Preska -jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York- avaló ese pedido y ordenó el traspaso de las acciones. La defensa argentina apeló de inmediato, y ahora logró que el Departamento de Justicia intervenga a su favor para detener esa ejecución mientras se resuelve la apelación.
El documento con el anuncio fue firmado por David E. Farber, asistente del fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur, y en los próximos días presentarán un escrito con los argumentos jurídicos que respaldan la posición de Argentina.
¿Qué dijo el Gobierno de EE.UU.?
No es la primera vez que Estados Unidos respalda la postura argentina en esta causa. En octubre pasado, bajo la administración de Joe Biden, el entonces fiscal Damian Williams ya había advertido a la jueza Preska que hacer lugar al pedido de Burford violaría las normas de inmunidad soberana que rigen en el país.
"El Gobierno estadounidense considera que sus tribunales no tienen competencia para ejecutar bienes soberanos de otro Estado, especialmente cuando se trata de activos ubicados en el propio país afectado", afirmaba aquella presentación.
Aun así, Preska -de perfil conservador y cercana al Partido Republicano- ignoró esa recomendación y autorizó la entrega de acciones.
Una estrategia de alianzas internacionales
La nueva presentación del DOJ se suma a una estrategia diplomática más amplia que encabezan la Cancillería y la Procuración del Tesoro argentino, que busca el respaldo de otros países como amicus curiae. Según trascendió, Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania podrían sumarse con presentaciones similares ante la Cámara de Apelaciones.
El objetivo del Gobierno es claro: frenar la ejecución del fallo antes de que se vuelva irreversible y ganar tiempo para que la apelación prospere en un tribunal superior, donde podría haber más sensibilidad frente al principio de inmunidad soberana.
El respaldo de Estados Unidos no garantiza que la Cámara de Apelaciones detenga el proceso, pero sí representa un espaldarazo político y jurídico importante. Los jueces no están obligados a seguir la posición del DOJ, pero suelen prestarle especial atención, sobre todo cuando se trata de casos con implicancias internacionales.
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