La designación de Ahmad Vahidi, con pedido de captura en Argentina, genera controversia internacional.
Acusado del atentado a la AMIA es el nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria
El gobierno de la República Islámica de Irán anunció el nombramiento del general Ahmad Vahidi como nuevo comandante general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, tras el fallecimiento de su antecesor en el marco de intensos ataques en territorio persa. El ascenso de Vahidi despertó inquietud porque enfrenta acusaciones vinculadas al atentado contra la AMIA en 1994 y cuenta con un pedido de captura internacional activo.
La agencia estatal Mehr difundió que Vahidi -quien anteriormente ocupó cargos relevantes dentro de las fuerzas armadas iraníes y está en la mira de la justicia argentina- asumirá el control del poderoso brazo militar del régimen. Su llegada al mando responde a la urgente necesidad de cubrir el vacío estratégico tras la muerte del general Mohamad Pakpur, ocurrida en los recientes bombardeos protagonizados por fuerzas de Estados Unidos e Israel.
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El nombramiento de un militar con alerta roja de Interpol y solicitud de detención por parte de la Justicia argentina reaviva tensiones diplomáticas entre Irán y países occidentales. En Buenos Aires, diversos sectores políticos y organizaciones sociales han insistido históricamente en la búsqueda de responsabilidades por el ataque a la mutual judía, en el que murieron 85 personas y cientos resultaron heridas.
El contexto regional se encuentra marcado por una escalada militar en Medio Oriente que facilitó una reconfiguración del liderazgo castrense iraní. Aunque desde Teherán se reafirma la postura de soberanía en decisiones de índole militar, sectores internacionales ven con preocupación que un acusado por un atentado de gran impacto ocupe un cargo de alta jerarquía dentro de una de las fuerzas más influyentes del país persa.
La designación de Vahidi pone nuevamente sobre la mesa la persistente solicitud de justicia por el atentado a la AMIA, un pedido que ha atravesado gobiernos, procesos judiciales y reclamos internacionales desde hace más de tres décadas. En Argentina, las expectativas están puestas en que se fortalezca la cooperación judicial global para avanzar en la causa que aún no registra condenas definitivas por el ataque de 1994.



