También pidió sanciones millonarias. Argentina asegura que ha cumplido con las órdenes de la jueza Preska.
Burford pide que Argentina sea declarada en desacato
Burford Capital formalizó este martes un nuevo movimiento en la extensa batalla judicial contra la Argentina por la expropiación de YPF. El fondo británico, principal beneficiario de la condena de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska, solicitó oficialmente que el país sea declarado en desacato y sancionado por un presunto incumplimiento de órdenes judiciales.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y experto en litigios internacionales que involucran al Estado argentino, advirtió a Infobae que convencer a la magistrada de avanzar en una decisión de ese tenor no será sencillo. "Argentina rechaza todos los argumentos y afirma que ha cumplido con las órdenes de la jueza Preska", señaló, y precisó que el Estado presentará su descargo el próximo 19 de febrero.
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De acuerdo con Maril, los demandantes solicitaron una batería de medidas contra el país, entre ellas la declaración de "alter ego" de distintos entes estatales -como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas-, sanciones civiles, la presunción de que la prueba no presentada sería desfavorable para la Argentina, una multa coercitiva de un millón de dólares diarios y, finalmente, la declaración de desacato.
Desde la Procuración del Tesoro, a cargo de la defensa del Estado, sostuvieron que la Argentina "ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery", lo que incluyó la entrega de más de 113.000 páginas de documentación y el testimonio de diversos funcionarios. Además, calificaron la moción de Burford como un intento de hostigamiento a través de pedidos "intrusivos y desproporcionados", en línea -afirmaron- con una estrategia declarada por el propio fondo para "poner arena en los engranajes" de la recuperación económica del país.
Fuentes oficiales señalaron que el pedido de sanciones debe leerse en el contexto de los avances recientes obtenidos por la Argentina en el plano judicial. "A Burford se le van agotando las herramientas procesales para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo de desacato, aun cuando el país está cumpliendo con el discovery", indicaron, y describieron la maniobra como un intento de presión para forzar una negociación desde una posición debilitada.
La causa tiene como antecedente central la sentencia dictada por Preska hace dos años, que condenó a la Argentina a pagar USD 16.000 millones por haber expropiado de manera incorrecta YPF en 2012. Con los intereses que corren a diario, el monto supera actualmente los USD 18.000 millones. Ese fallo fue apelado y tuvo su audiencia en octubre, aunque en el sistema judicial estadounidense las sentencias pueden ejecutarse mientras la apelación sigue su curso.
En ese marco, Burford intenta desde el año pasado avanzar con el cobro, impulsando distintas acciones ante el tribunal de Preska, como el intento de embargar el 51% de las acciones que el Estado posee en la petrolera o demostrar que el Gobierno argentino y YPF constituyen una misma entidad jurídica.
Si bien la Argentina manifestó su voluntad de colaborar con los requerimientos del tribunal, no lo hizo en el alcance pretendido por el demandante, lo que dio sustento al pedido de sanciones. Más allá de la decisión final de Preska, el episodio no es menor: para un país que busca recuperar el acceso a los mercados y que en marzo organizará en Nueva York el Argentina Week, un evento clave para atraer inversores, quedar en desacato ante un tribunal con jurisdicción en Wall Street sería un fuerte golpe político y financiero.
El ex subprocurador del Tesoro Sebastián Soler sostuvo que Burford cree que la información reclamada podría contener pruebas de un control tan intenso del Estado sobre YPF, el Banco Central, Aerolíneas o Enarsa que permitiría considerarlas "alter egos" y, eventualmente, dejar sus activos en Estados Unidos expuestos a embargos. Sin embargo, recordó que entre 2002 y 2015 planteos similares de fondos buitres fueron rechazados por la justicia estadounidense.
Según el cronograma del expediente, es poco probable que la jueza se pronuncie sobre ese pedido antes de fines de marzo.
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