El próximo miércoles habrá un encuentro clave en la Corte de Apelaciones de Nueva York. El gobierno espera poder reducir la condena de la jueza Loretta Preska.
Audiencia decisiva en el juicio por YPF
Argentina enfrentará el próximo miércoles 29 de octubre, en la Corte de Apelaciones de Nueva York, una audiencia clave por la apelación del fallo que la condenó a pagar USD 16.100 millones -monto que, con intereses acumulados desde 2023, ya asciende a unos USD 18.000 millones- por la expropiación de YPF en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El proceso, que se inició hace más de una década y atravesó cuatro presidencias -Kirchner, Macri, Fernández y Milei-, se convirtió en un símbolo de los errores judiciales, políticos y económicos de la Argentina.
El litigio, impulsado por el fondo Burford Capital tras adquirir los derechos de los antiguos accionistas de YPF, mantiene en vilo al Gobierno argentino. Con reservas escasas y un dólar en permanente tensión, el país no dispone de los recursos para afrontar una condena de esa magnitud. "Es una cifra imposible de pagar", admiten fuentes cercanas a la Casa Rosada, que confían en revertir el fallo o, al menos, reducir drásticamente el monto.
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La audiencia estará presidida por los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson. Allí, Argentina intentará convencer al tribunal de revertir una serie de fallos adversos que se arrastran desde hace más de diez años.
El abogado Robert Giuffra, del estudio Sullivan & Cromwell LLP, expondrá los argumentos argentinos en una sesión que se prevé tensa y con múltiples intervenciones de los magistrados. El país contará con 30 minutos para exponer su defensa, el mismo tiempo que dispondrá Burford Capital. Los jueces podrán interrumpir en cualquier momento, algo habitual en este tipo de audiencias, en las que las preguntas pueden ser incisivas o incluso agresivas.
La estrategia del Gobierno se centra en tres puntos principales:
Jurisdicción: Argentina sostiene que el caso nunca debió tramitarse en una corte estadounidense. Argumenta que la doctrina de International Comity exige que los tribunales de EE.UU. respeten las leyes y procesos judiciales de otros países soberanos.
Errores de interpretación: Acusa a la jueza Loretta Preska -quien dictó la condena inicial- de aplicar erróneamente las leyes argentinas, al permitir que un accionista privado demande a otro (el Estado) por violar el estatuto de una empresa, algo que no contempla la legislación local.
Monto y cálculos: Cuestiona la fecha y la tasa de interés utilizada para determinar la indemnización. Según la defensa, Preska debió aplicar el tipo de cambio vigente al momento del fallo (2023) y no al de 2012, además de una tasa inferior al 8% que terminó inflando el monto final.
El Gobierno espera lograr al menos una revisión que permita reducir el monto a una fracción del actual. Fuentes cercanas a la Procuración del Tesoro aseguran que, si la corte ordena recalcular los intereses y el tipo de cambio, la cifra podría caer hasta los USD 5.000 millones.
El resultado de esta audiencia no será inmediato. Según expertos, la Corte de Apelaciones podría demorar hasta siete meses en dictar sentencia. En ese lapso, los mercados seguirán con atención cada señal que llegue desde Nueva York.
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