La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió frenar temporalmente la orden que obligaba a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park. La medida permitirá al país continuar con la apelación sin entregar los títulos ni ofrecer otras garantías.
Desde la Procuración del Tesoro destacaron la relevancia de la decisión: "Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos".
El Gobierno había advertido previamente que, en caso de que la Corte de Apelaciones no suspendiera la entrega de las acciones, recurriría a la Corte Suprema de Estados Unidos para evitar cumplir con la orden. Con la decisión del tribunal, ese paso ya no será necesario.
Sebastián Maril, analista de Latam Advisors que sigue de cerca el litigio, señaló en su cuenta de X que las acciones del Estado en YPF "podrán permanecer en la Caja de Valores mientras la Corte resuelve la apelación a la sentencia original".
La medida llega tras la solicitud de Argentina de suspender la entrega de la participación accionaria hasta que se resuelva la apelación de fondo, que comenzará a fines de septiembre. La Cámara de Apelaciones había aceptado inicialmente este pedido de manera temporal y ahora se confirmó la suspensión definitiva de la orden de la jueza Preska.
La disponibilidad de agua en la cuenca está por debajo del 50% de un año normal. Se anticipa un escenario crítico para productores y usuarios urbanos. Se endurecen los turnos de riego.
Tras el repunte del primer semestre, el consumo masivo volvió a desacelerarse en la segunda mitad del año. Los hogares compraron menos, redujeron las visitas a los puntos de venta y ajustaron sus canastas ante la presión sobre los ingresos.
La decisión del Gobierno de quitar la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva (CIU) abrió un fuerte conflicto en la vitivinicultura: mientras la Nación habla de desregulación y eficiencia, productores y la Provincia discuten trazabilidad, controles y el futuro de una actividad clave.
Con la tenencia no solo se recuperó un predio que había quedado sin destino, sino que permite proyectar un desarrollo habitacional estratégico en el corazón del Gran Mendoza.