La minera planea invertir 500 millones de dólares para ampliar la red eléctrica, pero San Juan se opone a que tenga prioridad de uso sobre esa ampliación.
Una inversión minera millonaria paralizada por conflicto con el Gobierno sanjuanino
El desarrollo del proyecto minero Vicuña, que prevé inversiones por más de 7.100 millones de dólares en San Juan, enfrenta sus primeras trabas antes incluso del inicio de las obras. El motivo es la infraestructura eléctrica necesaria para abastecer al complejo, un punto que abrió una disputa regulatoria entre la empresa y el gobierno provincial.
El emprendimiento se ubica a más de 4.200 metros de altura y contempla la explotación de cobre en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. Para operar a esa escala, las compañías adjudicatarias planificaron la construcción de líneas eléctricas de media y alta tensión que permitan conectar el proyecto con el sistema interconectado nacional.
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Mientras esas obras no se concreten, las tareas actuales se sostienen con generadores alimentados con gasoil que es transportado en camiones por la petrolera YPF hasta la zona de operación. Los campamentos cuentan con tanques de almacenamiento con capacidad para 330 metros cúbicos, volumen suficiente para aproximadamente 14 días de funcionamiento.
En este contexto, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad publicó el 18 de febrero el pedido de ampliación del sistema de transporte eléctrico presentado por el proyecto Vicuña. La solicitud contempla una demanda inicial de 260 megavatios para abastecer a los complejos mineros Josemaría y Filo del Sol.
El plan incluye la readecuación de estaciones transformadoras y la construcción de unos 220 kilómetros de líneas eléctricas. Las obras serían financiadas por la empresa, con un costo estimado entre 400 y 500 millones de dólares.
A cambio de esa inversión, la compañía solicitó prioridad de uso sobre el 90% de la capacidad de transporte que generaría la ampliación durante al menos 25 años, un período compatible con la vida útil prevista para el proyecto.
La iniciativa se enmarca en la resolución 311/25 de la Secretaría de Energía de Argentina, que habilita a industrias con alta demanda energética a financiar obras de infraestructura eléctrica y obtener prioridad de uso sobre la capacidad adicional que generen.
Sin embargo, la propuesta recibió objeciones desde la provincia de San Juan. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan presentó una oposición formal ante el regulador nacional, en la que cuestionó el procedimiento utilizado y solicitó que se convoque previamente a una audiencia pública antes de otorgar la autorización.
El organismo provincial señaló además que se encuentra gestionando un plan propio de infraestructura eléctrica financiado con fideicomisos locales que permitiría abastecer a los proyectos Josemaría y Filo del Sol.
Desde el proyecto Vicuña, en tanto, explicaron que la solicitud no implica exclusividad sobre la red eléctrica existente ni control sobre la infraestructura provincial. Según indicaron, el sistema eléctrico argentino se basa en el principio de acceso abierto, por lo que cualquier proyecto puede solicitar conexión o proponer ampliaciones si la capacidad disponible resulta insuficiente.
También aclararon que la prioridad solicitada se aplicaría únicamente a la capacidad adicional que generen las obras financiadas por la propia empresa y no al conjunto del sistema de transporte eléctrico.
El caso del proyecto Vicuña es uno de los primeros en los que se aplica este mecanismo, por lo que la resolución del trámite ante el ENRE podría influir en futuros proyectos industriales que requieran ampliar la infraestructura energética del país.
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