Un diputado presentó un proyecto para condonar hasta el 90% de las deudas de tarjetas y préstamos personales. La iniciativa alcanzaría a entre 13 y 18 millones de personas con dificultades de pago.
Impulsan un proyecto para "perdonar" deudas: en qué casos aplicaría
Más de 18 millones de argentinos podrían beneficiarse con un proyecto de ley que propone condonar parcialmente deudas generadas por tarjetas de crédito y préstamos personales. La iniciativa, presentada por el diputado nacional Santiago Luis Roberto, plantea un esquema extraordinario de regularización que incluye quitas de capital, eliminación de intereses por mora y facilidades de refinanciación para los sectores con mayores dificultades económicas.
El proyecto -titulado "Desendeudamiento y reestructuración de deudas de las familias argentinas"- pone el foco en una realidad que, según los fundamentos del texto, se fue agravando en los últimos años: hacia fines de 2025, el stock de crédito a personas humanas habría alcanzado unos 55 billones de pesos, con una tasa de irregularidad cercana al 9%. En ese contexto, entre 5 y 7 millones de hogares presentarían niveles de endeudamiento problemático, lo que equivaldría a entre 13 y 18 millones de personas. Además, el pago de deudas representa, en promedio, el 34% de los ingresos familiares.
Para acceder al régimen, las personas deben estar clasificadas en las categorías 2, 3, 4 o 5 de la Central de Deudores del Banco Central, es decir, quienes ya tienen algún nivel de incumplimiento o riesgo crediticio registrado. Las deudas contempladas son las originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales -dos de las principales herramientas de financiamiento del consumo- y quedan afuera las obligaciones alimentarias, las deudas impositivas, y los créditos hipotecarios y prendarios.
Quita del 90% para los que menos ganan
El corazón de la propuesta es un esquema diferenciado según los ingresos de cada familia. Quienes ganen hasta el equivalente a tres Canastas Básicas Totales podrían acceder a una condonación del 90% del capital adeudado. El saldo restante se refinanciaría en hasta 36 cuotas mensuales, con una tasa que no superaría el 50% de la tasa BADLAR, sin comisiones ni costos adicionales. Para todos los que accedan al régimen -sin importar el nivel de ingresos- se eliminarían por completo los intereses punitorios, recargos y cargos por mora.
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Quienes superen ese umbral de ingresos no tendrían quita de capital, pero sí podrían refinanciar la totalidad de lo que deben en las mismas condiciones de plazo y tasa.
La iniciativa también contempla la creación del Fondo de Asistencia a Deudores (FAD), que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Economía y estaría orientado a personas con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales que tengan deudas con proveedores no financieros de crédito. Entre otras funciones, el fondo podría adquirir esas deudas con un descuento del 50% sobre el capital original ajustado por inflación, sin contar intereses ni otros cargos. Su financiamiento saldría de un 1% de lo recaudado por el IVA en operaciones del sistema financiero, en el tramo no coparticipable.
Los 90 días para sumarse y la suspensión de juicios
Una vez publicada la ley, habría un período de 90 días corridos para que las personas interesadas puedan adherirse. Durante ese tiempo, quedarían suspendidos todos los procesos judiciales y de ejecución vinculados a las deudas incluidas, incluso en casos donde ya exista sentencia firme. El Banco Central tendría 30 días desde la entrada en vigencia para dictar la reglamentación correspondiente.
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El proyecto también prevé que el Banco Central establezca incentivos regulatorios para las entidades financieras que participen, como tratamientos contables diferenciales y facilidades en el cómputo del capital regulatorio. Incluso se contempla distribuir el impacto contable de la implementación en hasta tres ejercicios.
Según los fundamentos de la iniciativa, el impacto estimado del programa sobre el sistema financiero rondaría los 106.000 millones de pesos, equivalente a aproximadamente el 0,12% del crédito total al sector privado. El texto sostiene que el esquema tendría un "costo fiscal directo cero", apoyándose en las previsiones ya constituidas por las entidades y en la reasignación de recursos existentes. La iniciativa se encuentra actualmente en etapa de tratamiento legislativo.
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