Mendoza prorrogó tres concesiones petroleras que estaban por vencer

Los nuevos "dueños" deberán invertir alrededor de 65 millones de dólares. Son áreas que YPF vendió recientemente, como parte del Plan Andes. ¿Quiénes son los nuevos dueños?

Mendoza prorrogó tres concesiones petroleras que estaban por vencer

Por: Santiago Montiveros

El Gobierno de Mendoza prorrogó por 10 años las concesiones de explotación de hidrocarburos sobre las áreas "Altiplanicie del Payún", "Cañadón Amarillo" y "El Portón", ubicadas en el sur provincial. Estas concesiones estaban en manos de YPF S.A., que recientemente transfirió el 100% de su participación a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Quintana E&P Argentina SRL, Quintana Energy Investments SA, Gas Storage and Midstream Services SA y Compañía TSB SA.

La decisión, oficializada a través del decreto 624 del Ministerio de Energía y Ambiente, publicado este martes en el Boletín Oficial, responde a una solicitud presentada en octubre de 2024 por las nuevas operadoras, quienes plantearon prorrogar los permisos en simultáneo con la cesión de las áreas. 

Si bien inicialmente la Provincia autorizó primero la cesión de derechos, ahora dio curso a la extensión de los plazos, aunque condicionó su entrada en vigencia a la efectiva formalización de la escritura pública de cesión entre YPF y la UTE.

Las tres áreas habían sido otorgadas originalmente en los años 1991 y 1992, y ya habían sido objeto de una primera prórroga en 2011. En el caso de Altiplanicie del Payún, el vencimiento operaba el 16 de agosto de 2026 y fue extendido hasta el 16 de agosto de 2036. Para Cañadón Amarillo, cuyo vencimiento era el 21 de enero de 2026, se prorrogó hasta el 21 de enero de 2036. Por último, El Portón, que vencía el 6 de noviembre de 2027, fue extendido hasta el 6 de noviembre de 2037.

Inversiones y compromisos

Como condición para acceder a la prórroga, las empresas presentaron un plan de inversiones que contempla un desembolso de 1,25 millones de dólares en Altiplanicie del Payún, 9,95 millones en Cañadón Amarillo para actividades convencionales y 44 millones para proyectos no convencionales, y otros 9,9 millones en El Portón, totalizando unos 65 millones de dólares.

Entre las actividades comprometidas se incluyen instalaciones de superficie, exploración convencional y no convencional, workovers, proyectos de almacenamiento subterráneo de gas y abandono de pozos.

Además, las nuevas concesionarias deberán pagar un bono de prórroga de 200.000 dólares por el conjunto de las tres áreas, así como un aporte anual variable destinado al fortalecimiento institucional, cuyo valor mínimo será de 5.000 dólares por área, y se calculará según las reservas comprobadas y el precio promedio del petróleo.

Regalías, control y protección ambiental

El decreto mantiene la regalía base del 12% sobre la producción, pero autoriza una reducción del 50% sobre la producción incremental -tanto convencional como no convencional- asociada a nuevas inversiones. Para aplicar este beneficio, las empresas deberán presentar la curva base proyectada de producción por pozo, con el objetivo de facilitar el control y evitar maniobras elusivas.

La Provincia también impuso estrictos controles ambientales. Las empresas deberán llevar registros actualizados de pasivos ambientales, contratar un seguro ambiental aprobado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y presentar auditorías previas a cualquier reversión del área. Además, se fijaron obligaciones específicas en materia de abandono de pozos y remediación de daños, así como restricciones al retiro de activos sin autorización estatal.

Compre mendocino y sanciones por incumplimiento

Una de las condiciones destacadas de la prórroga es el cumplimiento del régimen de "compre mendocino". El decreto obliga a contratar al menos un 75% de mano de obra local y proveedores mendocinos en igualdad de condiciones, salvo que se justifique lo contrario por cuestiones técnicas o de seguridad.

Por otro lado, se prevén severas sanciones ante posibles incumplimientos. Entre ellas, la pérdida de la prórroga por falta de pago del bono o regalías, el incumplimiento del plan de inversiones o la detección de pasivos ambientales sin remediación. Las multas podrán alcanzar el equivalente a más de 2 millones de litros de nafta súper, y se ejecutará una garantía del 10% del total del plan de inversiones en caso de detectar desvíos significativos.

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