Burford Capital busca una salida negociada al cobro de los USD 17.000 millones que ordenó la jueza Loretta Preska. Desde el fondo estarían dispuestos a aceptar bonos y extender los plazos de pago.
El mayor beneficiario del fallo de Preska quiere "negociar" por YPF
Mientras la Argentina se prepara para apelar el fallo de la jueza Loretta Preska que la obliga a pagar más de USD 16.000 millones por la expropiación de YPF -cifra que con intereses ya asciende a 17.000 millones-, el principal acreedor en esta causa, Burford Capital, dejó trascender su disposición a negociar.
Según información publicada por Infobae, Burford, que lidera el grupo de beneficiarios de la sentencia junto con Eton Park, estaría dispuesto a aceptar bonos en lugar de efectivo y a estirar los plazos de pago, ante la virtual imposibilidad de que el Estado argentino cumpla con lo dictaminado en tiempo y forma.
Esta posibilidad se abre en medio del plazo de 14 días que Preska le dio a la Argentina para entregar el 51% de las acciones de YPF, propiedad del Estado.
En paralelo al proceso judicial, Burford ya viene activando una estrategia diplomática y política. La firma contrató al exbanquero argentino Gerardo "Gerry" Mato, con amplia trayectoria en el sistema financiero global -fue presidente de Global Banking de HSBC y ocupó cargos relevantes en Merrill Lynch y organismos como el Atlantic Council-, para hacer lobby desde Estados Unidos y allanar el camino hacia una negociación.
El diálogo con el gobierno de Javier Milei no es reciente. Comenzó, según la misma fuente, a principios de 2024, poco después del inicio de la gestión libertaria y en el marco de los primeros anuncios sobre la posible privatización de YPF.
El fallo de Preska se basa en lo que la magistrada definió como una "mala praxis expropiatoria" del gobierno kirchnerista en 2012, cuando se le pagaron USD 5.000 millones a Repsol -accionista mayoritaria- y se ignoró a los demás accionistas. Ahora, la justicia estadounidense busca que la Argentina entregue las acciones estatales a los demandantes, aunque Milei ya anticipó que presentará una apelación.
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En simultáneo, Burford continúa presionando en los tribunales. Presentó pedidos de embargos y maniobras judiciales para demostrar que YPF y el Estado argentino actúan como una misma entidad, lo que le permitiría acceder más fácilmente a activos embargables.
A este entramado judicial y financiero se suma un factor político en Estados Unidos que podría afectar a Burford. En los últimos días, el senador republicano Thomas Tillis presentó un proyecto para gravar con más del 40% a las compañías que se dedican al litigation funding -financiación de litigios-, lo que habría impactado de lleno en el negocio de la firma. No obstante, el proyecto habría sido descartado tras el rechazo del expresidente Donald Trump y la decisión de Tillis de no postularse a la reelección.
El principal escenario para la Argentina ahora es la apelación del fallo de primera instancia. Se espera que la Corte de Apelaciones de Nueva York tome una decisión dentro de aproximadamente un año, aunque antes deben presentarse los argumentos orales. Además, sigue en curso una apelación paralela de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA), que pidió revocar el fallo por la expropiación, aunque Preska ya rechazó ese planteo.
En este contexto de presiones cruzadas y negociaciones discretas, Burford intenta abrir una ventana para cobrar una parte sustancial del fallo mediante bonos y condiciones más flexibles, en un intento por cerrar un conflicto judicial que ya lleva más de una década.
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